La Confederación Hidrográfica se defiende

Santander

Ha tardado cinco días en dar la cara desde que el pasado jueves, 24 de enero, Cantabria sufriese una de las mayores riadas que se recuerdan. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha defendido su gestión en el mantenimiento de las cuencas de los ríos.

Lo ha hecho este martes, después de las declaraciones efectuadas por el alcalde de Cabuérniga, Gabriel Gómez (PRC), en las que exigía a la CHC que limpiase los ríos y en las que lamentaba la falta de mantenimiento de los cauces. 

La Confederación asegura que "no ha puesto en ningún momento inconvenientes a las solicitudes de actuaciones en cauces solicitadas por los ayuntamientos", siempre de acuerdo con los criterios y condiciones ambientales fijadas por la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Cantabria.

Entre los años 2016 a 2018, añade, "se han resuelto 34 solicitudes de limpieza de cauces, de los cuales 31 han sido resueltas de forma favorable y solo 3 se han archivado al no presentar el peticionario la documentación requerida". Ninguna ha sido denegada, según ha defendido el organismo público a través de un comunicado.

En el caso concreto del término municipal de Cabuérniga, sostiene la CHC, el Ayuntamiento formuló dos solicitudes: una para la limpieza del canal de Caborzal en Renedo, realizada por la CHC en diciembre de 2018. La otra solicitud fue efectuada el 7 de enero de 2019 para limpieza del entorno del puente donde confluyen los arroyos de Rubial y Verdero en Sopeña que en este momento se encuentra pendiente de informe de la Comunidad Autónoma.

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El alcalde de Cabuérniga "ha dispuesto en todo momento de comunicación directa, cuando así lo ha deseado, con el personal responsable de la CHC, contando con sus teléfonos personales directos", asegura el organismo dependiente del Gobierno de España.

"Al contrario de lo señalado en sus manifestaciones, no consta que a lo largo de esta semana se haya dirigido a dichos teléfonos para manifestar alguna de las incidencias que ahora relata" el regidor, puntualiza.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, también ha centrado sus críticas en el responsable de la cuenca. En este sentido, la Confederación subrayar que, dentro de "esta línea de colaboración, a finales de 2018 se ha realizado un encargo a la empresa pública TRAGSA para realizar labores de conservación de cauces en Cantabria por un importe de 319.062 euros".

"Hasta el momento de la avenida se había actuado en los puntos considerados más urgentes, especialmente en la retirada de tapones vegetales, árboles caídos o en riesgo de caída que podrían causar daños y en zonas con poca capacidad de desagüe que podría afectar a edificaciones o infraestructuras", explica la CHC, que explica que en el presupuesto de 2019 están previstos 790.000 euros en este concepto para Cantabria.

En relación con la Administración competente para acometer las actuaciones en cauces de áreas urbanas y aledaños, explica, "corresponde a los ayuntamientos dicha competencia", de acuerdo con el artículo 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y diversas sentencias del Tribunal Supremo que lo interpretan.

No obstante el ámbito competencial definido por la normativa, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico considera "prioritario colaborar con el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos, competentes en la defensa de las zonas urbanizadas ante las avenidas, en las labores de gestión del riesgo de inundación y de conservación de los cauces".