El Estado financia solo el 13% de las ayudas a la dependencia en Balears

Palma

Poco más de un 10% de la financiación de las ayudas concedidas en Balears dentro de la ley de Dependencia procede del Estado. En 2018 la Comunidad Autónoma asumió directamente el 71% del coste, mientras que la aportación del Gobierno central fue del 13%. Los presupuestos estatales de 2019 contemplan un incremento de la partida destinada a atención a la dependencia en 5 millones de euros, aunque el Govern considera que esta subida es insuficiente y no está garantizada en tanto que no se aprueben las cuentas. Por eso pide que este fondo se aumente por la vía del Real Decreto Ley.

Así se lo trasladó este viernes la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Maria Luisa Carcedo, en una reunión que ambas mantuvieron en Palma. Según Santiago, aunque se apruebe esta subida del presupuesto, las comunidades autónomas no llegarán a tener una financiación justa y equilibrada.

La consellera ha pedido una reunión ministerial de todos los responsables autonómicos de Servicios Sociales para tratar de corregir este desequilibrio. El año pasado en Balears, se destinaron a ayudas contempladas en la ley de Dependencia unos 172 millones, de los que el Govern y los Consells aportaron 121,5 millones y otros 28 fueron obtenidos por copago. La partida estatal fue la menor de las tres, unos 22,5 millones de euros.

Las reivindicaciones de Balears respecto a la ley de Dependencia son 3: que los familiares cuidadores vuelvan a cotizar, que se aumente el dinero destinado al mantenimiento de la estructura de personal y medios y que las ayudas no sean por grado de dependencia sino por tipo de servicio que se requiere, lo que supondría volver a la situación anterior a 2012.

Unas 7.200 personas han recibido ayudas a la dependencia esta legislatura, frente a las 1.300 que lo hicieron en los cuatro años anteriores. Dice la consellera que la aplicación de la ley de Dependencia estaba "paralizada" y que ahora funciona con normalidad.

Fina Santiago también ha pedido a la ministra Carcedo la actualización de la partida que Balears recibe del Estado para hacerse cargo de la gestión de las pensiones no contributivas, y que se ha reducido de 380.000 a 3.800 euros anuales, sin que este recorte, dice la consellera, se haya justificado ni negociado.

Además, el Govern ha insistido en su petición de gestionar el dinero recaudado en Balears a través del 0,7% del IRPF. Una recaudación que se destina al tercer sector y que en 2018 ascendió a unos 7,8 millones de euros, de los que la Comunidad Autónoma solo gestiona directamente 3,6 millones.

También se han expuesto otras medidas, como la necesidad de revisar la ley de Responsabilidad Penal del Menor, que permite que adultos de 18 a 21 años ingresen en un centro socioeducativo de menores, o unificar el procedimiento de valoración de la discapacidad y el de la dependencia.