Caos en la Justicia palentina

Palencia

Es un clamor. Jueces, abogados y funcionarios denuncian el caos en el que está sumida la justicia palentina. Lo que se vendió por los políticos de turno como un gran avance, la dichosa oficina judicial, es una chapuza sin paliativos que se traduce en números vergonzosos: este nuevo sistema mantiene paralizados más de 600 documentos cada mes. Casi 8.000 al año. Son datos que hemos ofrecido los medios de comunicación y que incluyen realidades como la saturación del juzgado número 2 por acumulación de cláusulas suelo, una situación que se veía venir en medio de la miopía de los gestores de la justicia.

El ministerio de turno calla y los afectados, que somos todos, solo podemos armarnos de paciencia. A esto añadan la chapuza monumental de la remodelación del edificio de la Audiencia de Palencia en la plaza de los juzgados. La torpeza es tal, que se diseñó sin tener en cuenta la puñetera oficina judicial, tal y como ha destacado la Decana de los jueces, Rosa Martínez López.

Asistimos al fracaso palmario de la unificación de los juzgados de Palencia y de la tan cacareada modernización del sistema judicial. A los políticos les encantan los nombres rimbombantes. En su día anunciaron el Servicio Común de la Ordenación y Tramitación del Procedimiento. Casi nada con el nombrecito. Pues bien, ni es un servicio y ni ordena ni tramita. Tanto es así, que los jueces piden que se suprima para que la justicia funcione mejor.

Por el camino se han ido millones de euros dilapidados por un ministerio de Justicia torpe e inoperante que mantiene un silencio cómplice con la ineptitud cuando quienes trabajan a pie de tierra se quejan. “Toman nota”, dicen desde el ministerio. Es una terrible respuesta que quizá esconda la incapacidad de arreglar el grave problema que tiene nuestra justicia.

La situación es tal, que hay procedimientos que se suspenden por mala práctica de la prueba o por tramitación incompleta. Los que dan la cara son los profesionales de la justicia de Palencia, los gestores no. Realmente, a esos, los políticos que cobran por gestionar el sistema judicial, se les tendría que caer la cara de vergüenza; si es que la tienen, claro.