Carlosena: "las prácticas curriculares deben estar exentas de pago a la SS"

Pamplona

La UPNA asume la presidencia semestral del grupo G9, las 9 universidades públicas que son las únicas en su comunidad, y que engloban a un total de 170.000 estudiantes. En la reunión de trapaso de poderes se han tratado varios temas que preocupan al grupo.

Y es que, las universidades quieren modificar el Decreto sobre la Cotización de Prácticas, que ahora mismo está en una situación de moratoria. Según decía el rector de la Universidad Pública de Navarra, Alfonso Carlosena, están de acuerdo con el fondo, con que se tenga en cuenta la labor de prácticas "como una actividad que debe reconocerse a efectos de cotización de la Seguridad Social y a efectos de la antigüedad", pero no están de acuerdo en cómo se ha plasmado. 

Carlosena explicaba que "este decreto ha surgido del Ministerio de Trabajo y, sin embargo, el Ministerio de Universidades no era conocedor, lo que demuestra que se ha hecho de espaldas a las universidades y, por tanto, la letra del decreto perjudica mucho en general al sistema universitario".  Un decreto, dice el rector, "de trazo grueso en el que no se distingue lo que son prácticas curriculares de las no curriculares, si son remuneradas o no, o si se hacen en administraciones públicas o empresas..."

Según Carlosena, "si las universidades tuviéramos que pagar al final esa cotización, estaríamos hablando de cantidades económicas muy importantes que serían inasumibles". En la UPNA, se estima que supondría unos 400.000 euros, "un 5% del presupuesto de la universidad". También es importante el coste de la gestión que esto supondría a las universidades. "Estamos hablando de miles de personas que tener que dar de alta en la Seguridad Social y de hacer trámites".

El rector también ha hecho un llamamiento para que la investigación no esté afectada por la Ley de Subvenciones "sino que debe ser considerada como una inversión. El hecho de que estemos sometidos a la ley de subvenciones también hace que la gestión de la investigación sea muy complicada".

Por otro lado, se ha referido a la Ley de Contratos, "hecha para las administraciones públicas, pero que no tiene en cuenta las particularidades de investigación". Ha asegurado que es una ley que "nos genera muchos problemas" y que "complica tremendamente la gestión de la investigación, de manera que se va mucho más despacio". Por ello, ha pedido modificar esta ley para que "considere las particularidades de la investigación y exima de ciertas condiciones que sí que son aplicables a otras administraciones".