Aplazado el juicio por prevaricación y delito electoral contra el exalcalde de Candín
El Ministerio Fiscal pide más de 9 años de inhabilitación por "irregularidades" en el censo
Pablo Rubio junto a la letrada que le representa / Radio Bierzo
Ponferrada
Un error de forma en la tramitación, ha obligado esta mañana al juzgado de lo Penal de Ponferrada ha posponer la vista por prevaricación administrativa y delito electoral emprendido por una madre y sus dos hijas contra el exalcalde de Candín, Pablo Rubio, a quien el Ministerio Fiscal pide 9 años y 6 meses de inhabilitación para cargo público por gestión irregular del censo electoral entre 2010 y 2011.
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Es el letrado del ayuntamiento, que también ejerce como acusación particular contra el exregidor, el que ha pedido la suspensión porque no se le dio, como es preceptivo, traslado de las actuaciones para poder formular escrito de acusación previa. El representante legal del consistorio explicaba a estos micrófonos que esta actuación contra las inscripciones en el censo se realiza de oficio por entender que el alcalde es el último responsable de su aceptación, por lo que la propia administración debe defenderse de una presunta actuación arbitraria del representante municipal, según explicaba Manuel Casero a estos micrófonos.
La vuelta del proceso al trámite anterior no preocupa al exalcalde porque a pesar de la gravedad de los hechos una supuesta condena de inhabilitación no afectaría a su situación personal. Y es que, a estas alturas, Rubio está ya fuera de la política.
En todo caso, intentará defender su negativa a que las tres mujeres fueran empadronadas en un momento en el que reconoce hubo otro medio centenar de solicitudes de las que también dudó y a las que se les requirió, con asesoramiento del SAM, presentar una serie de documentos que acreditasen que vivían en Candín. La policía municipal de Ponferrada nunca respondió, asegura, ni el consistorio ponferradino, para saber si el domicilio de las demandantes estaba en Ponferrada, así pues, su defensa está basada en la intención de venganza de las tres por no haberles permitido votar en Candin, según indicaba la abogada Juana Esteban, y el alcalde quien además reconoció que estas situaciones "eran normales" en todos los procesos electorales.
La actuación de la Fiscalía mantiene el proceso abierto en un momento en el que otros ayuntamientos pueden verse reflejados dado que el censo electoral de cara ya ha advertido de censos inflados de cara a los comicios de mayo.
