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Los 14 ayuntamientos de La Palma se adhieren a SOS Desaparecidos

La isla se convierte en el núcleo de mayor colaboración de los 22 que ya existen en toda España

En los últimos quince años, se contabilizan unas catorce mil desapariciones en nuestro país, 34 casos por aclarar en Canarias y al menos 14 en La Palma

SOS Desaparecidos, en los estudios de Radio La Palma Cadena SER / Cadena SER

SOS Desaparecidos, en los estudios de Radio La Palma Cadena SER

La Palma

Los catorce ayuntamientos de La Palma se han adherido a la colaboración con la organización SOS Desaparecidos que ofrece herramientas a las administraciones públicas para ayudar a las familias que buscan a algún familiar. La isla se convierte así en el núcleo de mayor participación. En territorio peninsular se ha cerrado un único convenio con el ayuntamiento de Murcia. En Canarias son ya cinco ayuntamientos en Tenerife, uno en El Hierro, uno en Gran Canaria y los catorce de La Palma. Sergio Martín, de SOS Desaparecidos, explica los recursos judiciales y psicológicos que se ponen a disposición de las instituciones que se suman a estos convenios de colaboración.

En La Palma hay “al menos una persona desparecida en cada municipio” sin embargo el drama se vive de diferente manera en cada familia. Actualmente son tres las que están en contacto con SOS Desaparecidos. María del Mar Pérez busca a su hijo desaparecido en La Palma el 12 de mayo de 2017. Conserva su Documento Nacional de Identidad, la búsqueda comenzó tras 48 horas desaparecido, se halló su vehículo abandonado pero nada más se ha sabido hasta hoy.

Aseguran que “no hay ningún protocolo de actuación”, insisten en que las primeras horas son fundamentales para evitar una incertidumbre que deja solas a las familias una vez que la búsqueda de la persona cesa por falta de líneas de investigación. Se abre entonces un vacío en el que “no somos nada”, explica María del Mar Sánchez, “las esposas no somos viudas, lo hijos no son huérfanos”.

Desde SOS Desparecidos piden la implicación de todas las administraciones públicas para establecer protocolos y crear oficinas provinciales o insulares donde las familias puedan encontrar el apoyo necesario que actualmente, denuncian, no existe. “Nadie está preparado para estas situaciones”, concluye Sergio Martín, que pide “recursos para la difusión, psicólogos y asesoramiento jurídico” para las famlias.

 
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