Santiago Aparicio: "una fiscalidad especial para las zonas despobladas solo tendría un coste para el Estado del 0,17 por ciento"

Soria

Las patronales de Cuenca, Soria y Teruel a través de la Red SSPA han financiado la elaboración de un informe sobre la aplicación real de una fiscalidad especial para el progreso de los territorios despoblados en España. El documento ha sido redactado por un grupo de expertos de la Universidad de Valladolid coordinado por el doctor en Economía José Antonio Herce San Miguel.

Este informe presenta una propuesta fiscal para la repoblación de un territorio que en el informe denomina como la “Ultraperiférica Demográfica Española”, con el objetivo crear los incentivos que evitasen la despoblación y fomenten la repoblación. A falta de conocer los datos económicos que serán presentados públicamente la próxima semana, el presidente de FOES Santiago Aparicio explica que el Estado solamente dejaría de ingresar el 0,17 por ciento procedente de estos territorios para las arcas estatales.

Se trataría de una excepción en régimen de 'Ayuda de Estado' diferente al que presente Canarias puesto que ésta está reflejada en la Constitución Española como "Región Ultraperiférica” por su distancia geográfica.

El informe ya está en manos de la Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, para que se tenga en cuenta en la estrategia nacional. Le han transmitido que “sí se puede implantar medidas de reducción fiscal para combatir la despoblación, y para ello solo hace falta voluntad política”.

Se ha presentado su justificación, valoración e impacto socioeconómico de una propuesta fiscal para la repoblación, así como los potenciales efectos de una serie de estímulos fiscales de cierta envergadura aplicados a las personas físicas y jurídicas de todos los territorios afectados por la despoblación y los que decidan establecerse en ellos.

El análisis jurídico que se ha llevado a cabo en este informe concluye que, el reconocimiento de una Zona Fiscal especial para los territorios despoblados podría tener encaje de realizarse una interpretación adecuada, y que una petición razonada del Gobierno de España podría iniciar un proceso hacia su autorización por la UE. Las patronales están esperanzadas.