Sobre la compra de Amurga
EL ENFOQUE 6 FEBRERO
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Santa Cruz de Tenerife
Según pasan los días, y a medida que van conociéndose los detalles del expediente de la compra de las fincas de la familia de Román Rodríguez en Amurga, por parte del Cabildo de Gran Canaria, controlado por el partido de Rodríguez, lo que al principio se presentó como una casualidad en una operación de largo recorrido para reforestar terrenos de la isla, comienza a desvelarse como una decisión perfectamente planificada para sortear la oposición de la intervención insular a la compra, y coser desde la corporación un traje a medida para que pudiera realizarse. Según ha revelado el examen del expediente, la operación se intentó ya en 2016 con el formato de compra directa de los terrenos a los familiares de Rodríguez, aunque el intento fue bloqueado por la intervención cabildicia.
La evidencia de lo ocurrido se recoge en un mail remitido por un funcionario a un cargo intermedio del Cabildo, a finales de agosto de 2017, documento que ayer fue portada en la prensa grancanaria, y que no sólo viene a poner negro sobre blanco la intención de la corporación presidida por Antonio Morales de comprar a los cuñados de Rodríguez en cualquier procedimiento, ya sea “directo o con concurrencia”, sino las decisiones adoptadas por el Cabildo grancanario para intentar sortear el informe negativo de la intervención: entre otras, una modificación presupuestaria por un importe de cuatro millones de euros “si se incluyera la finca Amurga”, según dice el correo.
Es pronto aún para establecer responsabilidades concreta, pero sin duda lo razonable sería paralizar el procedimiento hasta que se despejaran las dudas, si eso ocurre. Y eso es lo que el lunes se intentó conseguir por parte de la oposición a Morales en el pleno del Cabildo. Sin éxito, porque el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, se enrocó en una numantina posición de defensa de las tesis de Morales y los suyos, que en el PSOE –en Gran Canaria y fuera de ella- cada vez se entiende menos.