Se pospone la declaración de Juan Fernández como investigado por la querella del PSOE

Linares

Durante toda la mañana de este jueves ha habido desfile de declaraciones a la jueza que dirige el caso. El primero en hacerlo fue el secretario del PSOE de Linares, Daniel Campos, para ratificar la querella y como testigos varios miembros del partido como Pilar Parra, Manuel Rodríguez Méndez, la secretaria o el tesorero Vicente Ruiz. La investigación se hizo de forma individual y se prolongó hasta las 14:30. Campos se reafirmó en la acusación sobre la presunta apropiación indebida de 100.000 euros por parte del anterior secretario y de 13.200 de Juan Sánchez. “Pedimos que a la mayor brevedad se conozca la verdad y recibamos la indemnización por el daño sufrido".

Juan Fernández no llegó a declarar, por decisión judicial, y será citado otro día antes de que la jueza tome la determinación de si archivar el caso o seguir con el proceso hasta llegar a juicio. “No vengo como alcalde, vengo como exsecretario general del PSOE de Linares, el dinero que se habla es del PSOE no es el de los linarenses porque este alcalde lleva 28 años en ese Ayuntamiento, he gestionado millones de euros y nadie puede decir que me he llevado un céntimo. Estos es la gran mentira de unos farsantes”. Quién sí declaró fue el otro acusado, Juan Sánchez, que dolido, ha tachado a Campos de "inmoral" y "sinvergüenza". Se ha mostrado predispuesto a volver a la política con Fernández y su agrupación de electores Linares Primero.

ANTECEDENTES

Juan Fernández estaba citado a declarar por la presunta sustracción de 100.000 euros al PSOE, formación de la que fue expulsado en agosto de 2018, aunque se mantiene en la Alcaldía con el apoyo del resto de fuerzas políticas con representación en el Consistorio linarense.

La citación del juzgado ha llegado después de que se haya admitido a trámite la querella presentada por el PSOE contra los ya exmilitantes Juan Fernández y Juan Sánchez e incoar el correspondiente procedimiento de diligencias previas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal y estafa.

La denuncia socialista se sustenta en la auditoría de las cuentas realizada por una empresa externa tras la elección de la nueva Ejecutiva Municipal del PSOE en noviembre de 2017.