La Fiscalía archiva la denuncia del PP por la compra de pisos por el Concello
Dice que las deficiencias detectadas carecen de "trascendencia penal"
Xiao Varela, Xulio Ferreiro y Alberto Lema / Concello da Coruña
A Coruña
La Fiscalía provincial de A Coruña ha archivado, sin presentación de querella, las diligencias abiertas por el caso de la compra de pisos para fines sociales por parte del gobierno local. La investigación abierta por el Ministerio Público, a raíz de una denuncia del PP, queda por tanto cerrada al no apreciar "transcendencia penal" en las deficiencias denunciadas. La primera valoración nada más saber la noticia es la del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, que no ha podido ocultar su alegría.
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Xulio Ferreiro, Alcalde de A Coruña
El PP denunció que los inmuebles que participaron en la convocatoria pública de mayo de 2017, dentro de la propuesta del Concello para garantizar el acceso a una vivienda digna, pertenecían a un firmante del manifiesto de la Marea. La denuncia se dirigía contra los concejales de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y de Contratación, Alberto Lema. Según los conservadores esos dos pisos adquiridos incumplían las bases de la convocatoria.
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Rosa Gallego, portavoz del grupo municipal del PP
La denuncia se amplió además contra el alcalde y los componentes de las juntas de gobierno por la actuación posterior a la formalización de las escrituras de compraventa. A juicio de la Fiscalía, la Comisión Municipal de Valoración, constituida por técnicos en Urbanismo, aprobó la lista de ofertas sin que exista ningún dato del que pueda derivarse connivencia de sus componentes con los denunciados. Por lo tanto, la ausencia carece en este caso de repercusión penal. El PP hace su propia lectura, dice que el escrito de la Fiscalía da la razón en la irregularidad de la compra de los pisos al firmante de la Marea, aunque decide no denunciar porque se basa en la tramitación administrativa del expediente.
En cuanto a la actuación del alcalde y la junta de gobierno con posterioridad a la formalización de las escrituras, la denuncia apuntaba a presuntas responsabilidades penales por no impedir la consumación de las adquisiciones y no iniciar en tiempo y forma los expedientes de revisión de oficio ante el incumplimiento de las bases de los dos inmuebles en lo que se refiere a superficie mínima y usos.
El decreto de archivo de la Fiscalía señala que "la urgencia en el otorgamiento de las escrituras no cerró la posibilidad de impugnar las resoluciones". Por otra parte, el adelanto de la junta de gobierno de 11 de abril de 2018 para incoar los expedientes de revisión minutos antes del pleno extraordinario convocado y las juntas celebradas el 20 de abril, 29 de junio y 14 de septiembre, parecen responder a un "atropellado intento de reparación" que, sin embargo, no pueden calificarse de absolutamente contrarias al ordenamiento jurídico.
El punto más cuestionable, según el Ministerio Fiscal, es la actitud del regidor municipal antes del pleno de 11 de abril, "concretamente la omisión de su convocatoria ante la petición formal de la oposición, finalmente convocado por el secretario general", pero la Fiscalía apunta que teniendo en cuenta que el pleno sí llegó a celebrarse, y "no resultó frustrada la pretensión de los solicitantes", esa omisión carece de trascendencia penal.
