El juzgado rebaja a 400.000 euros la fianza para la hija del empresario

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, encargado de la investigación del supuesto fraude destapado en el Grupo El Salvador sobre el 'cambiazo' de ataúdes antes del proceso de incineración y reutilización de coronas y flores, ha acordado este viernes rebajar de 800.000 a 400.000 euros la fianza exigida a Laura M, hija del propietario de dicha mercantil, para que pueda recuperar la libertad de la que se encuentra privada desde el pasado día 8 de febrero.

La investigada, que no figuraba inicialmente entre los quince detenidos en la primera fase de la 'Operación Ignis' desplegada el pasado día 31 de enero, fue interceptada una semana después por la Policía Nacional en plena calle, antes de que accediese a las oficinas de la Agencia Funeraria Castellana, central del grupo empresarial, en la calle Angustias, al lado de los juzgados de Valladolid.

Desde entonces permanece en prisión provisional, eludible bajo fianza de 800.000 euros, idéntica situación que su hermano Ignacio, mientras que el padre de ambos e impulsor del grupo de empresas Agencia Funeraria Castellana, Tanatorio El Salvador y Cementerio-Jardín el Salvador también sigue entre rejas, pero sin posibilidad de abandonarla por cuanto la juez de caso no le ha impuesto fianza alguna.

Estos dos últimos, cuyos recursos de reforma contra el auto de prisión han sido desestimados, se encuentran ahora a la espera de lo que resuelva la Audiencia de Valladolid respecto de sus recursos de apelación.

En el caso de Laura M, quien en el momento de su detención no llegó a declarar, este viernes ha comparecido en sede judicial, a requerimiento de la juez, donde ha asegurado, en palabras de su letrado, Guillermo Ruiz Blay, que "no tiene relación con la actividad de la funeraria, más alla de ser mera colaboradora de la empresa familiar y, frente a lo que se ha dicho, sin ningún puesto de directora ni cargo directivo en el negocio".

Su letrado, en declaraciones a Europa Press, explica que la investigada es periodista y que cuenta con un trabajo al margen de las empresas de su padre y hermano, por lo que ha anunciado su propósito de recurrir también esa rebaja de la fianza a la mitad ante la juez instructora y, subsidiariamente, en apelación ante la Audiencia Provincial.

Por otro lado, el defensor de la familia  no descarta la posibilidad de que el grupo empresarial investigado se vea obligado a presentar un ERE ante la caída de las ventas en las últimas semanas. Pese a ello, Ruiz Blay asegura que la familia propietaria "sigue muy contenta con la confianza mostrada por la gente de Valladolid pues, a pesar de que se ha producido una caída de ventas, se sigue trabajando con cierta normalidad".