Cada año se producen 38.000 muertes prematuras por la contaminación atmosférica

Palma

El Govern de les Illes Balears aprobó el martes 12 de febrero la ley de Cambio Climático y Transición Energética que prohibirá la venta de nuevos coches diésel a partir de 2025 y vehículos gasolina a partir de 2035. El objetivo es frenar el cambio climático que tanto afecta a Balears por el hecho de ser islas. Esto se debe a que el mediterráneo sería la región más afectada de España en caso de una subida del nivel del mar: un metro de subida significaría 13 metros de retroceso de la costa de las islas.

El diésel será la primera restricción ya que sus emisiones son las más contaminantes y perjudiciales para la salud humana, aunque esta sustancia produzca menos emisiones que la gasolina: así mejoraría la calidad del aire y la salud pública. Palma es la zona más afectada de las islas y tiene un problema muy especial de emisiones debido a la proximidad del aeropuerto y la gran congestión viaria.

Además, es una medida que tarde o temprano se tendrá que tomar ya que Balears es la Comunidad Autónoma con más coches por habitante, concretamente 820 turismos por cada mil habitantes. El responsable de movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, explica que la administración tiene la obligación de proteger la salud pública y, solo en España, se producen cada año 38.000 muertes prematuras por la contaminación atmosférica y esta es causada fundamentalmente por el tráfico. Los niños, ancianos y personas con problemas respiratorios son los que más sufren los efectos.

Cabe tener en cuenta que esta medida, según explica Fernández, no tiene por qué afectar demasiado a las islas, ya que el impacto del diésel en Balears es bastante más reducido que en el resto de España. Apenas un tercio de los vehículos de Balears son diésel, frente al 60% de impacto que tiene este combustible en el resto de España. 

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones interpuso en el mes de enero una denuncia ante la Comisión Europea (CE) por dicha ley, ya que sostienen que es el propio mercado quien debe establecer los tiempos de esta transición ecológica y no la administración. La CE admitió a trámite la denuncia el pasado 4 de febrero y ahora tiene un año de plazo para adoptar una decisión.

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En cambio, las organizaciones ecologistas opinan todo lo contrario: aseguran que es imprescindible un cambio del modelo de movilidad y que este necesita un impulso para hacerse realidad. El portavoz de la plataforma Amics de la Terra Mallorca, Ángel Gallego, destaca la importancia de que el modelo de movilidad no se base en el coche unipersonal y se apueste por los vehículos compartidos y la potenciación del transporte público. Además, todas las organizaciones ecologistas coinciden en que los plazos son más que asumibles.