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Sábado, 26 de Septiembre de 2020

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CASO SALA

Vicente Sala defiende que un jurado popular juzgue a su cuñado

El letrado de la acusación dice que entra dentro de lo normal la atención mediática del crimen y que no se puede presuponer ninguna influencia sobre un jurado que aún no se ha seleccionado

Vicente Sala, en una imagen de archivo, en los juzgados de Benalúa

Vicente Sala, en una imagen de archivo, en los juzgados de Benalúa / Efe

Vicente Sala, hijo de la viuda del expresidente de la extinta CAM, asesinada a tiros en 2016, defiende que sea un jurado popular el que se pronuncie sobre el caso y no un tribunal con magistrados profesionales. Es la respuesta del abogado de Sala, después de que el letrado de la defensa de Miguel López, su cuñado y único acusado de la muerte pidiera lo contrario, que sea un tribunal ordinario el que lo haga.

La defensa de López había planteado en las cuestiones previas a la celebración del juicio que fuera un tribunal de magistrados profesionales y no un jurado, el encargado de pronunciarse sobre su inocencia o culpabilidad.

Utilizó como argumento que el intenso seguimiento mediático de este crimen provoca un "juicio paralelo" que impide un juicio objetivo por parte de un jurado popular que prevé "contaminado" y no apto para dar un veredicto.

Sin embargo, la acusación cree que la atención dedicada por los medios periodísticos a un caso como el crimen que se juzga es la habitual y que no puede presuponerse ninguna influencia sobre un jurado que todavía no ha sido seleccionado.

La magistrada que preside el tribunal del jurado deberá resolver ahora las cuestiones previas planteadas tras atender las alegaciones de todas las partes.

Los hechos

La viuda del expresidente de la CAM fue asesinada de dos tiros en la cabeza en la noche del 9 de diciembre de 2016 en el lavadero de coches de un concesionario de vehículos que entonces gestionaba (Novocar), una de las empresas de la familia y cuyo gerente era López.

López es el único acusado por esos hechos y permanece en libertad provisional tras pagar una fianza de 150.000 euros cuando llevaba 40 días en la cárcel.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para él una pena de 24 años de prisión, mientras que su defensa solicita su libre absolución al considerar que no existe ninguna prueba sólida que le incrimine.

La Policía ha sostenido desde el principio que el móvil era la guerra por el control de las empresas familiares, en especial de Samar Internacional SL, del sector del plástico, que fundó el fallecido expresidente de la CAM.

Su viuda y el hijo primogénito estaban enfrentados a las otras tres hijas del matrimonio y a los maridos e hijos de éstas por ese control de la compañía.

 

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