Sociedad

El Gallinero: logros y cuentas seis meses después del realojo

Aunque todas las familias han recibido una alternativa habitacional, el Ayuntamiento solo ha facilitado un trabajador social para atender a las 93 personas que habitan en las viviendas sociales. Algo insuficiente, denuncian los voluntarios, que está dificultando su integración

Javier Baeza

Madrid

En julio vivían en el poblado chabolista del Gallinero 150 personas. Ese mes el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad firmaban un convenio por el que financiaban a partes iguales el derribo de las chabolas, el realojo de las familias y el posterior “acompañamiento social intensivo que garantice la adecuada integración de las familias en su nuevo entorno”, como especifica el punto dos del convenio. El objetivo último del texto pasa por adjudicar una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid a cada familia, aunque se trata de un objetivo a largo plazo. El acuerdo contempla tres fases: la primera, que finalizó el 31 de diciembre, consistía en dar una solución habitacional inmediata y el acompañamiento social por parte del Ayuntamiento de Madrid; la segunda, vigente en la actualidad, en el seguimiento social de las familias y la adquisición de las viviendas; y la tercera, en el realojo definitivo.

Seis meses después del desalojo y derribo de las chabolas, todas las familias que decidieron quedarse en Madrid –otras, la de miembros más mayores, se decantaron por volver a Rumanía- han accedido a una alternativa habitacional. Desde septiembre  9 familias -con 55 mayores de edad y 29 menores- viven en régimen de alquiler social en viviendas de la EMVS del consistorio madrileño distribuidas por siete distritos de la ciudad con una mensualidad de 65 euros más una fianza de 140 euros distribuidas. Además, otras siete familias –las que presentan mayores dificultades para integrarse- con un total de 28 personas, viven en cinco viviendas gestionadas por la ONG ACCEM de forma temporal. El Ayuntamiento ya ha solicitado a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras seis viviendas para que en junio entren estas familias, confirman fuentes de la Consejería a la SER.

El realojo provisional se ha cumplido, también la escolarización de todos los menores que vivían en el antiguo poblado. Pero la inserción social está yendo a pasos más lentos de los esperados y los voluntarios que llevan años trabajando en el Gallinero lo relacionan con “los recursos más que insuficientes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid”. Lo argumentan con los siguientes datos: de los 69 adultos, solo tres han encontrado trabajo en estos meses. Los voluntarios critican que ambas administraciones “no han facilitado el acceso de estas personas a ningún curso de orientación laboral”. Consideran que los recursos con los que el departamento de Marta Higueras –área, según el punto cinco del convenio responsable de “garantizar y orientar la atención social” de estas personas- está tratando a las familias no facilita su inserción. Y es que solo tienen un trabajador social específico para acompañar en este proceso a los 55 adultos que viven en las viviendas sociales del Ayuntamiento. Para Blanca Gómez, vinculada a la parroquia San Carlos Borromeo y voluntaria en el poblado desde hace siete años y medio “un único trabajador social es claramente insuficiente. La mayoría de familias no saben leer ni escribir, por lo que no pueden realizar gestiones básicas como solicitar el bono social del agua y de la electricidad. El trabajador no puede atender de forma individualizada cada caso porque está saturado”. Además, explica Jorge Fernández, voluntario en el Gallinero desde hace 13 años “desde el área les envían documentos por escrito informándoles de procesos básicos que no pueden hacer; tampoco con la ayuda del trabajador social, que no da abasto con todas las familias. Está siendo una gestión nefasta y las familias se sienten desatendidas", a pesar de que también reciben apoyo de trabajadores de la Cruz Roja.

Una falta de recursos que explican, denuncian los voluntarios, algunos datos: en estos seis meses, solo una familia de las 9 que habitan las viviendas sociales del Consistorio ha conseguido activar la tarifa social y el bono social de luz, lo que les supone un ahorro de hasta un 40% en las facturas. Según los voluntarios, de las ocho familias restantes solo una ha podido iniciar los trámites para solicitar dicho bono.

Además, a cuatro familias les han suspendido la Renta Mímima de Inserción (RMI) en los últimos meses. La renta media por unidad familiar con una media de seis personas cada una es, según datos a los que ha tenido acceso la SER, de 600 euros. “Y no pueden solicitar la RMI porque no saben dónde acudir y no tienen personal social que los acompañe y guíe”.

El Ayuntamiento reconoce problemas en la tramitación de los bonos sociales

El Ayuntamiento justifica a la SER que ninguno de los realojados ha accedido a cursos de formación laboral porque necesitan un aprendizaje previo de conocimientos de lecto-escritura básicos. Los voluntarios denuncian que no están recibiendo ningún tipo de curso formativo y el Ayuntamiento no ha aclarado a la SER si se va a iniciar algún curso de este tipo a corto plazo para solventar estas dificultades.

El PSOE ha llevado esta semana este asunto a la comisión de equidad. El concejal socialista Ignacio Benito preguntó al área de Marta Higueras sobre la situación de las familias. Luis José Nogues, Director General de Integración Comunitaria y Emergencia Social del Consistorio compareción en la comisión y aseguró que “todas las familias han sido recibidas por su trabajador social y están realizando una buena integración vecinal”, a pesar de la denuncia de los vulntarios. Pero reconoció que “hay problemas en la tramitación de las rentas mínimas y de los bonos sociales”. Aunque el área de Equidad no ha aclarado a la SER qué dificultades son y cómo están trabajando para solventarlas. Para el concejal socialista Ignacio Benito la respuesta es insuficiente y asegura que "el compromiso del Ayuntamiento y la Comunidad con las familias finalizará con su independencia económica".

En marzo está prevista una comisión para evaluar la integración de las familias. La Comunidad, cuya obligación en esta primera fase ha sido económica, no ha pagado aún su parte correspondiente porque el Ayuntamiento no ha presentado la liquidación de gastos sobre esta primera fase.

Enrique García

Enrique García

(Sevilla, 1994) Redactor del Hoy por Hoy. Antes, editor de MATINAL SER, el informativo matinal del fin...

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00