Descarbonización al 100 % en 2050
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también formarán parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa
Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la descarbonización al 100 por 100 de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también formarán parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.
- Cierre de las térmicas
Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha dicho que el paquete normativo es la 'combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea'.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado el conjunto normativo para 'facilitar y orientar' la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.
El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20 por ciento (%) las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos un 35%.
Por tanto, Ribera ha dicho que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar 'una de cada tres toneladas de dióxido de carbono' y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en al menos un 90% con respecto a 1990.
Energías renovables
Para alcanzar estas metas el Gobierno prevé aprobar subastas de por lo menos 3.0000 megawatios renovables cada año y desarrollar un nuevo marco de retribución para la generación renovable que se base en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.
Otras de las medidas contempladas en el anteproyecto de ley es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están 'debidamente' justificados por motivos de 'interés social o económico' o por la 'inexistencia de alternativas tecnológicas'. Además, se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil que incluirá un calendario para revisar estas ayudas.
La Administración General del Estado y los organismos, entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.
También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico.
Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica ('fracking'). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá del 31 de diciembre de 2042.
Coches Cero Emisiones en 2050
El anteproyecto establece en 2050 la fecha en la que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros deberá ser libre de emisiones directas de dióxido de carbono. Como paso intermedio, los nuevos coches y furgonetas serán cero gramos de emisión de CO2 por kilómetro 'no más tarde en el año 2040'.
En este proceso el Gobierno trabajará para acompañar al sector de la automoción y pondrá en marcha medidas para facilitar la penetración de estos vehículos. También se creará una Mesa de la Movilidad en la que participarán todos los agentes implicados.
Asimismo, los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar, antes de 2023 con zonas de bajas emisiones y poner en marcha medidas para facilitar el uso de la bicicleta, los desplazamientos a pie y otros medios de transporte activo, así como mejorar el transporte público, que deberá ser electrificado de forma progresiva.
Las gasolineras y estaciones de servicios que en 2018 vendan más de 5 millones de litros de gasolina al año tendrán que contar con, al menos, una infraestructura de recarga eléctrica con una potencia igual o superior a 22 kw.
Otras de las medidas será desarrollada por el Ministerio de Educación, que deberá revisar los itinerarios de formación y habilitación profesional y elaborará un plan para impulsar en el empleo en los sectores 'motor' del crecimiento en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.
El anteproyecto será sometido ahora a información pública hasta el 22 de marzo y recabará informe de los Ministerios y del Consejo de Estado antes de su aprobación como proyecto de Ley por el Ejecutivo.