Pedro Antonio Sánchez se enfrenta a un nuevo caso judicial

Murcia

Fuentes del caso han confirmado a la SER que la Fiscalía investiga si el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en la época en la que Pedro Antonio Sánchez era alcalde, habría recibido subvenciones entre 2006 y 2009 para construir un centro de conciliación de la vida laboral y familiar, y un centro para la infancia cuando en realidad sólo se habría levantado uno, ya que ambos ocupan un mismo espacio.

El asunto lo lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, concretamente la juez Andreo, que ya instruyó el caso 'Auditorio'.

Sin embargo, según la Fiscalía, la cosa no queda ahí, y también extiende las supuestas irregularidades a la construcción de un centro de la Mujer, en el mismo solar, que recibió varias subvenciones en este periodo.

El ayuntamiento habría encargado un proyecto modificado en 2008 que habría supuesto, según la Fiscalía, duplicar el precio estimado, "que aumentaba un 123% de forma injustificada".

Así, según la denuncia del Ministerio Público, suscrita por José Luis Díaz Manzanera, pero cuya investigación llevó Manuel López Bernal antes de jubilarse, tanto el Centro de Atención a la Infancia, como el Centro de la Mujer costó a las arcas públicas 1,9 millones de euros, cuando el coste no debía haber superado los 1,4 millones de euros; una diferencia, que el Ayuntamiento habría pagado indebidamente o destinado a otros usos, apunta la investigación.

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Según la Fiscalía, estos hechos serían constitutivos de delitos de malversación continuada de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad continuada. El Ministerio Público, además de apuntar al expresidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez; también señala que para llevar a cabo estas prácticas el consistorio habría contado con la supuesta implicación de la arquitecta municipal y la interventora, también denunciadas, al igual que el responsable de Urdecón.

Y es que, también se investiga por qué estas obras se adjudicaron a esa empresa, cuando presentaba la oferta más costosa y con el plazo de ejecución más alto; y por qué no llevaba firma el informe técnico con las puntuaciones de las empresas que se presentaron al concurso. La Fiscalía concluye que esta adjudicación "fue prevaricadora".