Lorenzo Robisco (PP) no ve caso donde un juez ve indicios de prevaricación
El diputado cree que un servicio que se encargó sin contrato por el Gobierno de Cospedal y que ya se ha sustanciado en los tribunales es un asunto puramente administrativo.
Lorenzo Robisco / Cadena SER
Toledo
El Partido Popular no ve caso en los indicios de prevaricación que si ha visto el titular del Juzgado número 3 de Toledo por el encargo del gobierno de María Dolores de Cospedal a una empresa, que se hizo sin el preceptivo contrato. Se trató de un servicio publicitario que excedía los 50.000 euros.
Según una información del diario La Tribuna de Toledo, aunque la empresa ha reclamado la cantidad por este servicio prestado, el juez lo desestima por no existir ninguna documentación que lo acredite y según el diario, así se establece en la sentencia, que especifica, se ponga en conocimiento del fiscal jefe de Toledo, para que se investigue su relevancia penal. El diputado popular Lorenzo Robisco, dice que es "algo puramente administrativo".
Ante la insistencia de los periodistas, Robisco ha repetido "que aquí no hay nada por mucho que ustedes se empeñen y cuando no hay nada, pueden ustedes contar lo que quieran, pero es una resolución administrativa y no tiene más". El diputado no ha admitido mayores consideraciones afirmando que se le estaba faltando al respeto.
El fallo no es firme y contra el mismo cabe recurso de apelación, pero desde las filas del PSOE, el diputado Rafael Esteban este lunes insiste en pedir explicaciones al lider del PP, Francisco Núñez, "porque el asunto se remite a fiscalía para que adopte las consecuencias adecuadas".
Según ha publicado el periódico, "una compañía reclamaba el pago de unos trabajos de publicidad dentro de la campaña de promoción del Cuarto Centenario de la edición de la segunda parte de El Quijote. La compañía en cuestión es Cemusa, empresa dedicada al mobiliario urbano, y el trabajo debía desarrollarse de enero a junio de 2015, en lo que fue el último semestre del Gobierno de Cospedal. Los lugares elegidos para esta promoción eran siete aeropuertos.
El trabajo fue acordado, en su precio y otros detalles, por un directivo de Cemusa y una persona de la plantilla de cargos de confianza de la Consejería de Presidencia, que detentaba Esteban. Sin embargo, se acordó que el pago se efectuara no directamente por el Gobierno, sino a través de una fundación dependiente del mismo.
"El magistrado estableció en su sentencia que los hechos sean puestos en conocimiento de la Fiscalía al ofrecer «apariencia de delito perseguible de oficio".
