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Jueves, 24 de Junio de 2021

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Justicia

Fiscalía pide nueve meses de prisión para el único acusado en el caso de los censos manipulados de Cabanes

En el Juzgado de lo Penal de Castellón se ha celebrado este martes el juicio, 12 años después de que ocurrieran los hechos. Han declarado 11 testigos, entre ellos el acusado, Pascual Adsuara, procesado por solicitar la inscripción en el padrón municipal de 6 personas y haber falsificado presuntamente alguna firma para dar de alta en el municipio a vecinos

Momentos antes del inicio del juicio de los censos supuestamente manipulados de Cabanes

Momentos antes del inicio del juicio de los censos supuestamente manipulados de Cabanes / Nieves Adsuara

En el juzgado de lo Penal número 1 de Castellón se ha celebrado esta mañana el juicio por el caso de la supuesta manipulación de censos en Cabanes ocurrida hace 12 años. Estaban citados 11 testigos y como único acusado consta el vecino de La Vall d'Uixó, Pascual Adsuara, procesado por solicitar la inscripción en el padrón municipal de seis personas y haber falsificado presuntamente alguna firma para dar de alta en el municipio a vecinos. Los hechos constituyen un delito de falsedad en documento oficial y por ello el fiscal pide una pena de nueve meses de prisión, inhabilitación en ese tiempo y siete meses de multa en una cuota diaria de 10 euros, así como el pago de las costas procesales.

El acusado ha alegado que en el momento de los hechos se acababa de divorciar, fue un momento complicado en su vida y no recuerda si llevó él el documento con los nuevos empadronamientos al Ayuntamiento, además de afirmar que nunca ha falsificado una firma.

Una de las testigos, María Josefa Segovia, puso una denuncia porque le dieron de baja en el padrón de la Vall d'UIxó, su pueblo, y le empadronaron en Cabanes, en contra de su voluntad. El empadronamiento se produjo, al parecer, porque ella dio su DNI al acusado, a quien conoció en un curso, porque este le había dicho que quería formar un partido político y necesitaba  de gente que acreditara que él "era buena persona" y para ello le pidió el documento de identidad y le mostró una hoja con sus datos personales rellenados a falta de su firma. Ella le dejó el DNI y supuestamente, el acusado o un tercero, falsificó su firma para empadronarle, sin su permiso. Los hechos se produjeron a cuatro meses de las elecciones de 2007.

En la sesión, los empadronados, entre los que figura la hermana del acusado, su pareja y un amigo, han afirmado no recordar cómo se habían empadronado, si habían o no vivido en Cabanes, en qué lugar y con quien.

El teniente de alcalde y senador, Carles Mulet, interpuso la querella en 2007 cuando era concejal después de que el alcalde del PP entonces, Artemio Siurana, tres sobrinos suyos y dos dirigentes del PP local empadronaran justo antes de las elecciones municipales a decenas de vecinos de la Vall d'Uixó en domicilios y almacenes de su propiedad, según denuncia Mulet. Cabe destacar que lo que se juzgaba este martes es un delito de falsedad de documento oficial y no delito electoral, como en un principio se denunció, al haber registrado hasta 160 empadronamientos en un mes. Además, solo se ha admitido a trámite la denuncia de la vecina de La Vall d'Uixó, a quien le falsificaron la firma.

El ex alcalde, Artemio Siurana, que también ha declarado en calidad de testigo, ha asegurado que desconocía el aumento masivo de empadronamientos.

El abogado de la acusación particular pide 3 años de cárcel y 12 meses de multa para el acusado. El juicio ha quedado visto para sentencia.

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