Sociedad

La Guardia Civil de Santa Pola retira del mercado casi cinco mil botes de tinta para tatuar

Se trata de una operación desarrollada en toda la provincia de Alicante

Botes de tinta para tatuajes incautados / Guardia Civil

Santa Pola

La Guardia Civil de Fiscal y Fronteras de Santa Pola ha llevado a cabo una serie de inspecciones en establecimientos dedicados al tatuaje de toda la provincia de Alicante, para verificar que la tinta utilizada por estos es la marcada por la legislación española.

Las inspecciones se han realizado en establecimientos dedicados a las prácticas del tatuaje, micropigmentación, perforación u otras técnicas similares. Los 13 establecimientos y los 2 almacenes distribuidores inspeccionados se encuentran en las localidades de San Juan, Elda, Ibi, Elche, Villena y Alicante.

Se han detectado 4.932 botes de tinta para tatuajes, valorados en 68.912 euros, los cuales estaban puestos a la venta al público sin haber sido sometidos a ningún tipo de homologación o control sanitario. Procedían de países como Reino Unido, Austria, Dinamarca y, sobre todo, de los Estados Unidos sin tampoco control aduanero.

Ninguno de ellos estaba, por lo tanto, correctamente etiquetado. En una de las inspecciones, concretamente en un local de Elda, al llegar los agentes al lugar, observaron que un trabajador estaba cargando un vehículo con botes de tinta procedentes de EE. UU., todos ellos sin etiquetar y también etiquetas sueltas, de una conocida marca de tinta, supuestamente para pegarlas después en los botes, haciéndolos pasar por legales.

Estos productos irregulares han sido intervenidos por los agentes y se han puesto a disposición de la Administración de Aduanas de Alicante y de la Generalitat Valenciana de la Consellería de Salud.

Se han levantado un total de 32 infracciones administrativas, al Decreto del Gobierno Valenciano, sobre normas que rigen la práctica del tatuaje, la micropigmentación, el perforación u otras técnicas similares, así como requisitos para la autorización y funcionamiento de los establecimientos donde se practican esta técnicas.

Las personas sancionadas administrativamente son 14 hombres, de entre 48 y 20 años y 2 mujeres, de 37 y 39 años, todos ellos españoles.

 
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