El dueño de El Salvador continuará en prisión, aunque los jueces rebajan la fianza a 200.000 euros para su hija
La Audiencia Provincial de Valladolid mantiene los 800.000 euros de fianza para el hijo del propietario
Registro policial el 31 de enero / Agencia Ical
Valladolid
La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la prisión provisional "sin fianza" para Ignacio Morchón, propietario del grupo El Salvador, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león. De esta forma, los jueces rechazan el recurso interpuesto por el dueño de la empresa contra el auto de prisión dictado por el Juzgado de Instrucción 6 el pasado 1 de febrero.
Además, hay otra resolución judicial negativa para la familia Morchón: su hijo, Ignacio, seguirá entre rejas si no paga la fianza de 800.000 euros, "una cantidad que considera proporcionada para neutralizar el riesgo de fuga".
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valladolid sí ha considerado el recurso de la hija del propietario, Laura. Se ha acordado rebajar a 200.000 euros la fianza para eludir la cárcel, lo que supone la cuarta parte del dinero fijado inicialmente.
Los tres miembros de la familia de la empresa están siendo investigados, junto a otras 22 personas, en una causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.
La "operación Ignis" se centra en esclarecer el "cambiazo" de 6.000 ataúdes justo antes de la incineración por otros elementos de menor valor, además de elemento ornamentales en el tanatorio.
La presunta estafa se cometió entre los años 1995 y 2015.
El presidente de la Unión de Consumidores, Prudencio Prieto, lamenta en la SER que los empleados de los tanatorios participaran en la estafa del cambiazo de ataúdes
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Según precisan los magistrados de la Audiencia, "se trata de una calificación jurídica genérica y provisional". Las diligencias que practique el Juzgado de Instrucción 6 permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.
Mientras, la Unión de Consumidores de Castilla y León continúa recogiendo denuncias de las familias afectadas. El presidente, Prudencio Prieto, lamentó en la Cadena SER que en "la práctica habitual" del grupo empresarial participaran también los trabajadores. Además, reclamó celeridad en el proceso judicial.
