El juzgado rechaza intervenir la desalinizadora de Escombreras

Murcia

El juzgado de instrucción de Murcia que investiga los presuntos delitos en la adjudicación y explotación de la desalinizadora de Escombreras ha desestimado la petición de la fiscalía y no ha accedido a acordar la intervención judicial de la planta como medida cautelar.

La resolución, a la que ha tenido acceso Efe y que ha sido notificada este miércoles a las partes del proceso, deniega también la solicitud del fiscal de que se anotara en los registros oficiales la prohibición de disponer de los derechos de crédito que recíprocamente ostenten las empresas encargadas de la promoción y construcción de la planta.

Por el contrario, accede a que se anote de forma preventiva la prohibición de disponer de las instalaciones, que se prolongará durante 4 años si antes no se dispone otra medida.

Al rechazar la mayor parte de las solicitudes de la fiscalía, planteadas en diciembre pasado, dice hacerlo porque considera que las medidas cautelares reclamadas o no son necesarias o no tienen un soporte legal.

Sobre la intervención judicial de la planta, recuerda que los dos anteriores administradores de la sociedad Desaladora de Escombreras, investigados en esta causa, ya fueron removidos en sus puestos y sustituidos por dos funcionarios públicos.

También, que es preciso que la planta pueda seguir con el cumplimiento de su función sin sufrir interferencias que puedan originar una ralentización de la producción de agua.

Al referirse a la anotación preventiva sobre la prohibición de los derechos de crédito que recíprocamente ostenten las empresas, comenta que la legislación hipotecaria cierra la puerta a que puedan acceder al registro situaciones jurídicas no reales.

Por otro lado, el auto indica que en la comparecencia judicial de diciembre el letrado de la comunidad autónoma de Murcia no se opuso al nombramiento de un interventor judicial, aunque reclamó que perteneciese a la Intervención General del Estado.

Por su parte, los letrados de los investigados se opusieron a la adopción de las medidas cautelares planteadas por el fiscal tras exponer, entre otras consideraciones, que de las diligencias practicadas no se deducía la existencia de indicios con relevancia penal que la aconsejaran.

En estas diligencias figuran como investigadas más de una treintena de personas, entre ellas, el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, que declaró en el juzgado en junio de 2018, y altos cargos de las empresas constructoras y explotadoras de la planta, del grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios).

Para la fiscalía, que presentó la querella en 2015, los hechos investigados podrían ser constitutivos de hasta siete delitos, entre ellos, los de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude.