Villacastín aprueba la modificación de su normativa urbanística
Esta modificación fue propuesta por el grupo municipal socialista que cree que esta modificación ayudará a conseguir una localidad con un crecimiento sostenible, con mejoras en el casco histórico y con oportunidades para la construcción en el casco urbano para que no se quede sin vida
Imagen del Ayuntamiento de Villacastín / Villacastín.es
Segovia
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Estefanía Miguel Pintos, explica que el pleno extraordinario a petición del Grupo socialista dió el visto bueno a la revisión general de la normativa urbanística municipal para conseguir una localidad con un crecimiento sostenible, con mejoras en el casco histórico y con oportunidades para la construcción en el casco urbano para que no se quede sin vida.
La portavoz ha manifestado que es plenamente consciente de que el municipio sufre un considerable deterioro en diversas edificaciones del núcleo urbano, con un número importante de viviendas declaradas en ruinas y otras en riesgo de serlo, por lo que su propuesta debe servir para revertir la situación y estarán vigilantes para que se cumpla.
“La petición sobre la instauración de un sistema de ayudas públicas tendente al remozamiento y recuperación de las edificaciones existentes en el núcleo urbano de Villacastín, se quedó sobre la mesa para un estudio técnico más exhaustivo que permita avanzar en ese sentido”, aclaró la portavoz socialista.
Los socialistas insisten en su petición de dimisión del Alcalde de Villacastín después de que el Tribunal Supremo no aceptó el recurso y, por lo tanto, la sentencia del Juzgado de lo Penal es firme y lleva aparejada siete años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo o función pública.
Recordó que Jesús Grande fue condenado por sentencia a siete años de inhabilitación por el Juzgado de lo Penal de Segovia y ratificada por la Audiencia Provincial, por un delito de prevaricación, al contratar a un trabajador para el Ayuntamiento de forma irregular. La contratación se realizó en el anterior mandato municipal, en 2011, cuando el alcalde contrató a un oficial segundo de electricidad, sin que tuviese la titulación de FP ni el carnet de instalador como se exigía en la oferta de empleo pública, rechazando los candidatos propuestos por el ECyL.
