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Domingo, 13 de Octubre de 2019

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Victorino Alonso no entrará a la cárcel tras culminar el proceso judicial por la destrucción de la cueva de Chaves

La Audiencia de Huesca rechaza el último recurso interpuesto por ADUPEDA y respaldado por la Fiscalía lo que pone fin al proceso judicial

La Audiencia Provincial de Huesca ha rechazado el recurso, el último posible, de la Asociación de Defensa del Patrimonio Aragonés con el que pretendía que el empresario minero, Victorino Alonso ingresase en prisión por la destrucción de un yacimiento neolítico de Huesca.

Victorino Alonso fue condenado a una pena de prisión de dos años por esos daños al patrimonio, pero el juez aceptó suspender la condena de cárcel sujeta a que el empresario no cometiera delitos durante 3 años al considerar que es un delicuente primario, es decir, que no contaba con antecedentes penales en el momento de la destrucción de la cueva de Chaves.

De hecho, según publica el Heraldo de Aragón, descarta los delitos por defraudación tributaria entre 1993 y 1996 al considerar que sucedieron 21 años antes de los hechos de Huesca y porque su naturaleza es muy distinta a la cuestión juzgada en Aragón. Tampoco tiene en cuenta los dos procesos judiciales abiertos en León por delito medio ambiental al considerar que no existe todavía sentencia y se debe mantener la presunción de inocencia sobre el empresario y porque tampoco se han aducido en tiempo y forma ante el juzgado aragonés.

Así las cosas y sin recurso posible, Victorino Alonso da carpetazo al proceso abierto contra él en Huesca por la destrucción de la Cueva de Chaves, el yacimiento neolítico arrasado para la construcción de un abrevadero para cabras en la finca de Bastarás. Es precisamente esa parcela, valorada en 2 millones de euros, el único pago entregado al Gobierno de Aragón de los más de 25 millones de euros a los que fue condenado en concepto de indemnización. La dación en pago fue aceptada por el gobierno de Aragón hace unos días, pero no podrá tomar posesión de ella hasta 2030, ya que Alonso la alquiló meses antes de celebrarse el juicio contra él a una empresa con la que estaba vinculado.

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