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Frenazo a la prórroga de Ence en plena precampaña

El Gobierno del Estado desiste de defender, en la Audiencia Nacional, la prórroga de la concesión a Ence en la ría de Pontevedra. Pórroga que había otorgado el Gobierno del PP en funciones, en enero de 2016

La Dirección General de Costas se ha allanado en el recurso sobre la prórroga de Ence en la Ría de Pontevedra. Para no usar el lenguaje jurídico, lo que esto quiere decir es que el Gobierno del PSOE no va a defender el aumento de la concesión por 60 años dictada el 20 de enero de 2016, y respalda así los recursos interpuestos por el Concello de Pontevedra, la Asociación por la Defensa de la Ría y Greenpeace.

El Concello de Pontevedra recibe esta decisión con alegría ya que se basa en argumentos que llevan defendiendo mucho tiempo.

Sobre todo, explicó la concelleira Carme da Silva, que la Abogacía del Estado da por buenos dos de los argumentos del Gobierno Local. Uno es que un período de concesión de estas características puede llegar a un máximo de 75 años desde la fecha inicial, que en este caso es el año 1958. Esta cifra se superaría en mucho con la prórroga de 60 años otorgada por Rajoy en 2016. Y el otro argumento es que no se sostiene que el emplazamiento de la fábrica no pueda ser otro. Vamos, que como mucho esa concesión podría ser hasta 2033 y que la fábrica puede estar en otro lugar.

En conclusión, en el Concello hay alegría pero no euforia. Cree Da Silva que se abre una esperanza a que la concesión quede sin valor en un plazo corto de tiempo. Ahora hay cinco días para interponer recursos ante la Audiencia Nacional. El siguiente paso sería ir al Tribunal Supremo.

Por su parte, Ence advierte de que va a utilizar todas las vías jurídicas para defender la validez de la prórroga de la concesión, afirmando que "intereses de parte y acuerdos políticos, quieren anular en contra de los derechos e intereses de sus trabajadores”.

La compañía sostiene que esta actuación del Estado "solo puede ser explicada en clave electoral", y avisa de que esta decisión pone en riesgo la planta, ya que "si el allanamiento es aceptado en las sentencias de los tribunales podría provocar una fuerte destrucción de empleo en toda Galicia". Censura que "es una falta de respeto" para las 5.100 familias que dependen de forma directa o indirecta de la fábrica.

Y es que la empresa muestra su "sorpresa" debido a que ahora la Dirección General "dé argumentos contrarios a los que ha defendido hasta la fecha en el último momento procesal", "cuando hasta hace nada estaba defendiendo la absoluta legalidad de la orden ministerial que otorgó la prórroga de la concesión de Ence".

Asimismo, la pastera subraya que "el 30 por ciento" de las personas empleadas en el sector forestal en Galicia dependen de la actividad de Ence. Además, recuerda que la prórroga en 2016 estaba ligada a acometer inversiones por 71 millones (apunta que más de 40 millones están realizadas), a lo que se une un plan por 350 millones en el plan estratégico 2019-2023.

El PSOE de Pontevedra ya había insinuado este giro de 180 grados en la permanencia de Ence en la ría. El portavoz Tino Fernández, insiste en que el alcalde de Pontevedra, Fernández Lores, debe convocar la mesa de negociación que viene reclamando el PSOE para el traslado de Ence.

Y el Partido Popular de Pontevedra también ha reaccionado. El candidato popular a la alcaldía de Pontevedra, Rafa Domínguez, dice que este giro es una puñalada trapera de la que Pontevedra puede que no se recupere.

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