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Preocupación por las agresiones al personal sanitario

Con la opinión de los contertulios, Javier Valladares y Miguel del Río

Javier Valladares y Miguel del Río durante la tertulia de La Ventana de Cantabria /

El abogado, Javier Valladares y el periodista, Miguel del Río, repasan la actualidad informativa de Cantabria. Sobre las mesa, entre otras cosas, el aumento de las agresiones al personal sanitario por parte de pacientes.

Audio completo de la tertulia:

Principales titulares informativos de la jornada:

MÁS AGRESIONES

Se disparan las agresiones a médicos y enfermeras. Cantabria es la segunda comunidad con mayor número de incidencias. Fueron 154 agresiones en 2018 y la inmensa mayoría hacia mujeres. Son el 84% de las agredidas. El Colegio de Enfermería abogado por realizar estudios para analizar si se trata de un problema de género.

EN RÍO REVUELTO

El PP de Cantabria acusa a Ciudadanos de pescar en río revuelto a personas descontentas, en alusión al fichaje de la senadora popular, Esther Merino enfrentada con la actual dirección presidida por María José Sáenz de Buruaga. Esta tarde, la propia Merino ya hacía efectiva su baja del PP para incorporarse a la formación naranja, presumiblemente como cabeza de cartel en Cabezón de la Sal.

PETICIÓN FORMAL

El exsecretario de organización de Ciudadanos y rival de Félix Álvarez en las primarias, solicita hoy de forma oficial una “revisión” de los votos emitidos. Los motivos que esgrime: casi 150 de los 269 votos que obtuvo en las primarias Álvarez se produjeron en apenas una hora y que gran parte de esos votos fueron emitidos desde solo desde unos pocos ordenadores.

DESPIDOS ENCUBIERTOS

Izquierda Unida en Santander denuncia un 'ERE encubierto' en la plantilla de la empresa Dornier que gestiona el servicio de aparcamiento limitado, OLA, en la capital cántabra. Despidos del 20 por ciento del total de los trabajadores. La formación dice que es un ejemplo de lo que podría pasar con el futuro contrato de Parques y Jardines y una práctica habitual del Ayuntamiento: la adjudicación a la baja, aunque es legal, conlleva en el futuro despidos y una pérdida de la calidad del servicio.

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