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Ciudad Real, la provincia de Castilla-La Mancha que más agresiones a sanitarios registró en 2018

7 de las 22 agresiones denunciadas ocurrieron en Ciudad Real

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Ciudad Real ha sido la provincia de Castilla-La Mancha que más agresiones en el ámbito sanitario registró el año pasado. 7 de las 22 agresiones que se han denunciado ocurrieron en Ciudad Real y todavía no se ha producido ninguna condena. Coincidiendo con el Día Nacional contra las Agresiones, el colegio de médicos ha vuelto a pedir en un decálogo que sean consideradas como delito de atentado contra la autoridad, que se elaboren planes de prevención de riesgos laborales y que las Administraciones tomen medidas especiales y promuevan campañas de concienciación, de respeto a los profesionales y utilización responsable de los servicios sanitarios.

La estadística asusta, casi 500 en toda España, en su mayoría en la sanidad pública. Se trata de amenazas e insultos, en atención primaria o el servicio de urgencias y especialmente se profirieron hacia las mujeres; 4 de las 7 las sufrieron facultativas si bien tan sólo en un 15% de los casos fueron agresiones físicas y en un 10% requirieron baja. En la mayoría de los casos, surgen por discrepancias con el facultativo en la prescripción de un medicamento, por ejemplo, ante procesos gripales donde el médico considera que no son necesarios y muchos pacientes lo exigen; o en el caso de las bajas laborales, donde el usuario también exige que en los certificados conste un texto determinado, según explicaba José Molina, presidente del Colegio de Médicos.

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Molina llama la atención que las agresiones son muchas más. En la Encuesta Interna que elaboran todos los años, más me dio centenar de profesionales han reconocido haber vivido alguna situación conflictiva, pero no han querido llegar hasta los tribunales. Advierte que al igual que ocurre con la violencia de género, es fundamental "visibilizar" estos casos y atajarlos. Asegura que muchos tienen miedo de que se llegue a "mayores".

El Colegio de Médicos advierte que salvo en un caso, donde se ha impuesto multa económica, la mayoría no se han resuelto y tampoco conlleva penas privativas de libertad, algo que considera debería reconsiderarse entre todos los sectores implicados.

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