"Los políticos no entienden cómo afecta psicológicamente un desahucio"

Tenerife

Los rescoldos de la crisis financiera continúan haciendo mella en los canarios. En 2018 se produjeron 3.808 desahucios en las Islas, 284 más que en 2017 según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Los lanzamientos, que afectan al derecho constitucional a la vivienda digna, también merman la salud mental de los implicados. "Hay personas que han trabajado siempre, y quedarse sin trabajo y sin casa es para ellos el fin de su vida", asevera Inma Évora, activista antidesahucios y reciente incorporación como asesora técnica a Viscocan, la empresa pública de promoción de viviendas del Gobierno de Canarias.

Évora apunta que, como sociedad, "nos hemos concienciado, pero no hemos empatizado con las personas desahuciadas", y añade que "los políticos no han logrado entender cómo afecta psicológicamente un desahucio". 

Una gestión pública prolongada y una red de actuaciones integrales son las demandas de las principales plataformas antidesahucios, que dibujan los efectos de los lanzamientos en las personas. "Se desestructuran las familias porque cada integrante se ve obligado a tirar por su lado, a veces hay niños de por medio y es un caos. Teniendo estabilidad y una casa, puedes encender una luz, lavarte las manos, ducharte... tener una higiene básica", refleja Évora. 

La activista explica, además, los trastornos que suponen para algunas personas ser desalojadas de sus casas: "aparecen las dualidades psicológicas, un endurecimiento de su situación y, en los casos más agudos, puede desembocar en un suicidio". 

Alternativas habitacionales

La ley de Enjuiciamiento Civil contempla hasta dos aplazamientos en la fecha límite de ejecución de los desahucios. Sin embargo, cuando no caben más apelaciones, los afectados encuentran tres alternativas a la imposibilidad de pagar un alquiler. 

A la comprensible ayuda que pueden ofrecerles sus familiares, se suma el acceso a una vivienda de protección oficial. En la actualidad, y según reflejan los datos de Visocan, el parque público de Canarias, en su régimen especial en alquiler, asciende hasta las 4.887 viviendas.

Al respecto, Évora afirma que "no se ha llevado a cabo una fiscalización" y que "hay personas en una buena posición que ocupan una VPO, por lo que muchas personas desahuciadas no pueden acceder a ellas". Es una petición, la de revisar las circunstancias familiares de las personas que habitan las viviendas de protección oficial, que ya realizaron las principales plataformas en 2012. 

La tercera alternativa a la que alude Évora frente a la adversidad habitacional que atraviesan las Islas (acusada por la precariedad, el alquiler vacacional y el incremento de los arrendamientos de larga duración) se limita a la caridad y los servicios sociales: hacer de los albergues un nuevo "hogar".