Más servicios y prestaciones garantizadas
El Gobierno aprueba la Cartera de Servicios Sociales, con 25 nuevos servicios y prestaciones garantizadas
pixabay
Pamplona
El Gobierno ha aprobado la modificación del decreto foral que regula la Cartera de Servicios Sociales con un presupuesto para su desarrollo de 278 millones, un 55,2% más que en 2015.
El nuevo decreto incluye 21 nuevos servicios o prestaciones (12 garantizados y 9 no garantizados), reconoce como garantizados 13 que tenían la consideración de no garantizados, se modifican los criterios de acceso en 27 de estos servicios, ajustándolos a las necesidades de las personas usuarias, se modifica la intensidad de atención en alguna de las áreas prestadas en 42 de estos servicios y en 9 de ellos, se reducen los plazos de concesión. El presupuesto para afrontar las prestaciones garantizadas de la Cartera de Servicios Sociales alcanza los 278 millones de euros, lo que supone un incremento del 55,2% respecto a los 179,2 millones del presupuesto inicial de 2015.
El nuevo catálogo reconoce como garantizados servicios que antes no tenían esta consideración, afianzando los derechos de la ciudadanía: los servicios de orientación familiar, mediación familiar, punto de encuentro familiar y centro de día de menores en el área de atención al menor; el servicio de teleasistencia en los ámbitos de mayores, discapacidad y enfermedad mental, los recursos de vivienda (pisos tutelados, supervisados y residencia-hogar) y centro de día para personas con enfermedad mental.
Además, se incluyen nuevas prestaciones y servicios, todas ellas garantizadas, principalmente en los ámbitos de la dependencia y la inclusión social o la protección a víctimas de violencia de género y menores.
Otras nueve prestaciones que hasta ahora no figuraban en la Cartera pasan a formar parte de ella, aunque con la característica de no garantizadas por la Administración. Se trata, principalmente, de servicios y prestaciones económicas para viviendas con diferentes grados de apoyo que permitan una vida autónoma a personas con discapacidad, la prestación de asistente personal para personas con discapacidad y la atención, en el servicio de atención a domicilio municipal, a personas con limitaciones para la cobertura de las necesidades básicas que no tengan el reconocimiento oficial de dependencia, al objeto de que las personas atendidas puedan mejorar su calidad de vida y permanecer en su entorno habitual.
Además, se garantiza el derecho a las prestaciones no sólo por el grado de dependencia o reconocimiento de discapacidad, sino por la necesidad presentada.
La elaboración de este decreto ha contado con una amplia participación de la ciudadanía, recogiendo el texto definitivo, un 44% del total de las 239 aportaciones propuestas.
