Dos años incumpliendo la Ley de muerte digna
La asociación Derecho a Morir Dignamente se ha concentrado a las puertas de la Asamblea de Madrid para denunciar que el gobierno regional ni difunde ni facilita el testamento vital
Concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid para exigir el cumplimiento de la ley de muerte digna, tras dos años de supuesta aplicación. / Asociación Derecho Morir Dignamente
Madrid
La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha convocado una concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid, coincidiendo con el último pleno de la legislatura, para exigir que el gobierno regional cumpla con lo establecido en la Ley de muerte digna. El texto se aprobó en su día por unanimidad pero, dos años después, denuncian que en lo referente al testamento vital no se está cumpliendo con la normativa.
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Según la ley, este documento que vela por la calidad de la muerte y el proceso digno del trance, debería poder tramitarse en cualquier hospital, centro de salud o centro sociosanitario, independientemente de si son públicos o privados. Además, la administración está obligada a divulgar la existencia de este documento de instrucciones previas que, además, debe constar en el historial clínico. “No ha habido campañas de difusión, una tercera parte de los centros médicos no lo registran, no se puede hacer en ninguna residencia de mayores y tampoco aparece en la historia clínica”, explica Fernando Marín, presidente de la asociación DMD.
Madrid sigue a la cola en cuanto a testamentos vitales por cada mil habitantes. Mientras comunidades como Cataluña, País Vasco o Navarra superan el 10%, Madrid se queda en el 4, por debajo de la media nacional que está en el 6%. “Solo 4 de cada 100 madrileños han registrado su testamento vital, situándonos en el puesto número 13 de todo el estado”, apuntaba en el manifiesto Charo Segovia, miembro de la asociación.
Por eso exigen a los políticos que cumplan con lo que se aprobó: “Denunciamos la falta de diligencia de los responsables de la consejería de Sanidad. Aprobar leyes para que después no se cumplan es injustificable”, añadía.
Sólo dos diputados se acercaban a la concentración de este jueves: Mónica García, de Podemos y José Manuel Freire, del PSOE.
