El Gobierno Central cuestiona dos artículos de la ley valenciana de igualdad LGTBI

Valencia

La Ley de Igualdad LGTBI valenciana genera dudas en el Gobierno Central, que ha convocado a la comisión bilateral Estado-Generalitat para resolverlas. Fuentes del Ministerio de Política Territorial aclaran a la SER que lo único que ha hecho el Gobierno es abrir un procedimiento previsto por la ley para negociar un acuerdo entre las administraciones y evitar el recurso ante el Constitucional.

Y es que el Gobierno cree que la ley autonómica, al regular infracciones para empresas, invade competencias que corresponden a la legislación laboral que es de ámbito estatal. Aseguran desde el Ministerio que se trata de una simple discrepancia técnica y se muestran convencidos de que llegarán a un acuerdo con la Generalitat (hasta aquí la antena). Para ello disponen de seis meses de plazo. Esas mismas fuentes explican que el de la negociación de un acuerdo es un procedimiento que recoge el artículo 33.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que se ha empleado en el caso de leyes recientes de otras comunidades autonómicas para evitar el recurso en el alto tribunal. El acuerdo puede pasar por suprimir o cambiar el elemento de la ley autonómica que se cuestiona, o por el llamado acuerdo de interpretación que se pacta por ambas partes.

Se trata de dos artículos sobre políticas de empleo e infracciones; concretamente se cuestionan aspectos como la obligación de las empresas de respetar la igualdad de trato, condiciones y oportunidades que desde el Gobierno no consideran que entre en contradicción con la legislación estatal, pero sí se estima que van más allá de las competencias autonómicas en la materia.

El mismo argumento se esgrime en el caso del artículo sobre las infracciones, que hace referencia a sanciones a actuaciones como la implantación, el impulso o la tolerancia a las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, que la ley tipifica como sanción grave.

La noticia ha caído como una bomba en Compromís, que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de copiar al de Mariano Rajoy y poner palos en las ruedas de normas progresistas que no hace suyas por ideología o por desidia. Así lo ha afirmado Fran Ferri, síndic de Compromís en les Corts.

Por su parte, Mónica Oltra considera que es inexplicable que un gobierno progresista reaccione así. Es más, insiste Oltra en que esta ley ha tenido todo el apoyo de les Corts Valencianes y ha pasado todos los controles legales para poder ver la luz.