Impulso hacia una sociedad más accesible e inclusiva por ley
El parlamento aragonés aprueba la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad por unanimidad, tras la cesión y el compromiso de todos los partidos

Colectivos de la discapacidad, en las Cortes de Aragón, junto a diputados, tras la aprobación de la ley / Cortes de Aragón (Twitter)

Zaragoza
Por unamimidad. Así ha salido adelante en el parlamento aragonés la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad. La socialista Pilimar Zamora ponía en valor el texto aprobado porque "tiene dos grandes objetivos: garantizar los derechos de las personas con discapacidad e impulsar una sociedad accesible e inclusiva, y de esto nos beneficiamos todos".
Una ley fruto de la cesión de todos los partidos, aunque también ha habido críticas de la oposición al texto que el Gobierno llevó a las Cortes, porque consideran que llegó al parlamento tarde y mal.
Sin embargo, el esfuerzo de los grupos ha permitido aprobar esta ley con aspectos importante en el ámbito laboral, como explicaba Raúl Gay, de Podemos: "Hasta ahora solo se cubrían 2 de cada 10 plazas que se ofrecían; eso no puede ser" y "a partir de ahora, existirán turnos separados de verdad y las personas con discapacidad intelectual podrán hacer pruebas diferentes sin necesidad de estudiar la Constitución Española para tener una plaza de jardinería, por ejemplo".
En materia de educación donde había polémica sobre la continuidad de los centros especiales, también hay avances. Marián Orós, diputada del PP, "partiendo de la base de que el reto es la plena inclusión de la discapacidad en la sociedad, hemos apostado por la educación inclusiva, sin dejar de lado la gran labor que hacen los centros de Educación Especial, ya que para el PP el centro es el menor discapacitado y por eso hemos incorporado que la última decisión la tengan las familias respecto a la modalidad educativa". Mientras, Desirée Pescador (Ciudadanos) añadía que "esta ley deja claro que no se excluye a los colegios de Educación Especial y abogamos por un modelo mixto".
Y la ley, como señala Patricia Luquin, de IU, incluye un régimen sancionador para las situaciones que atenten contra la dignidad de los discapacitados, "porque hay que hacer una apuesta clara que nadie es más que nadie".




