Sobre la ley de Servicios Sociales

Santa Cruz de Tenerife

Todos los grupos del Parlamento de Canarias votaron ayer, nuevamente por unanimidad, la nueva ley de Servicios Sociales, una norma en la que se establece que los Servicios Sociales son un derecho universal y subjetivo de cada ciudadano. Como declaración, la compra cualquiera. Pero lo cierto es que ya está uno un poco harto de leyes que declaran orégano todo el monte, y luego sólo se ven hierbajos. Para desmentir que esta sea un nuevo brindis al sol, la ley cuenta entre sus disposiciones con una declaración que sitúa en mil millones de euros el objetivo financiero a una década –largo lo fían- para sostener las propuestas de su articulado, por ejemplo, la que da un plazo de un año al Gobierno regional para aprobar un plan contra la exclusión social y la pobreza, con especial atención a la pobreza infantil, o la que establece que en año y medio Canarias deberá contar con una renta básica para la ciudadanía.

Muchas promesa a muy corto plazo, pero los cuartos para sostener y financiar esas propuetas no se consolidan. Al final estamos ante una ley que todo el mundo puede suscribir, y aplaudir –incluso reclamar su paternidad, como ayer hicieron todos los grupos-, pero que se sitúa más como un marco de intenciones, una hoja de ruta para un cambio posible, que como una ley de obligado cumplimiento.

Las casas deben empezarse por los cimientos, no por el tejado. Sus Señorías han dibujado un paisaje atractivo, pero sin esos recursos que tardarán años en completarse, sin una ficha financiera estable, sus buenas intenciones pueden quedar sólo en eso. En buenas intenciones de final de legislatura.