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Caso Unión

La Fiscalía demanda condenas para "la historia negra que asoló Arrecife"

Considera que Dimas Martín era quien controlaba desde la cárcel de Tahiche el cobro de comisiones ilegales en el ayuntamiento de la capital de Lanzarote

Parte de los acusados en la pieza del Caso Unión sobre comisiones ilegales en Arrecife.(EFE)

Parte de los acusados en la pieza del Caso Unión sobre comisiones ilegales en Arrecife.

Arrecife

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Las Palmas que se condene al fundador del PIL, Dimas Martín, y a los demás cargos públicos, funcionarios y empresarios implicados en el "caso Unión" por "la historia negra, corrupta, que asoló el Ayuntamiento de Arrecife" de 2007 a 2009.

En esos años, a través de concejales del PIL que "tenían las llaves de todas las cajas fuertes", en el Consistorio "todo el proceso administrativo estaba controlado desde el recinto penitenciario de Tahíche", al que Martín había sido enviado por anteriores delitos de corrupción, ha destacado el fiscal del caso.

En su última intervención en el juicio contra los encausados en la pieza del "caso Unión" centrada en las supuestas ilegalidades cometidas en la corporación de la capital lanzaroteña, la Fiscalía se ha esforzado en subrayar que en esa supuesta trama corrupta "nada se hacía sin autorización de Dimas Martín".

En este sentido, el fiscal del caso ha recordado que "todas las personas que han comparecido lo han identificado como al jefe, sin excepción", a lo largo de la vista oral del proceso, iniciada semanas atrás en Lanzarote y proseguida luego de forma intermitente en Las Palmas de Gran Canaria por la Audiencia Provincial

El Ministerio Público demanda que este proceso se cierre con condenas no solo para los ediles, empresarios y empleados públicos que han admitido haber participado de tratos ilícitos por los que el PIL, su fundador, concejales del partido y personas afines a él se beneficiaron de dinero público fraudulentamente.

Todo ello mediante una gestión de los contratos de obras y servicios municipales amañada para poder adjudicarlos "a dedo" a empresas a las que se les exigía abonar el 10 % de lo que iban a cobrar del Ayuntamiento como comisiones ilegales, en un proceder "rayano en la extorsión".

Porque los sobornos se imponían sobre todo a compañías o personas conocidas con cuya connivencia se contaba de antemano, sino también a otras que ya habían cumplido con sus contratos pero se negaban a abonar ese porcentaje, bloqueando los pagos que debían recibir de la corporación hasta que cedieran, ha añadido el fiscal.

A su juicio, el proceder de los acusados no debe entenderse como "una conducta aislada" ni tampoco "desconectada de toda una trama delictiva urdida para delinquir" y que se prolongó años, hasta que fue atajada por actuaciones policiales y judiciales.

Por ello, al presentar sus conclusiones definitivas en una exposición que se ha prolongado de más de dos horas, el representante del Ministerio Público ha reclamado una sentencia que "grabe en la historia" el hecho de que "de 2007 a 2009 existió una asociación para delinquir" a costa del dinero público del Ayuntamiento de Arrecife.

Porque en esos años, ha continuado, el Consistorio de Arrecife fue "rehén de una prosperidad de casino en la que únicamente ganaba la banca privada del señor Dimas Martín" y, además, "al amparo de una organización política, el PIL".

Desde ese planteamiento, la Fiscalía ha mantenido sus peticiones de condena, que había modificado semanas atrás para rebajar las penas solicitadas para la hija de Dimas Martín, Elena, y elevar las relativas a Antonio Jerónimo Machín, entonces concejal de Parques y Jardines de Arrecife.

A este edil le imputa el haber hecho posible la trama corrupta junto a sus compañeros del PIL José Miguel Rodríguez, que era responsable de Hacienda, y Ubaldo Becerra, por esa época teniente de alcalde de la capital lanzaroteña.

A las solicitudes del fiscal, que ha respaldado el abogado del Ayuntamiento de Arrecife, personado como acusación particular en la causa, responderán ahora los defensores de los procesados en las dos sesiones que restan del juicio, que se prolongará hasta el jueves.

 
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