Maeztu urge a la Junta a solventar los retrasos en ayudas al alquiler y renta mínima

Sevilla

Más de 22.000 personas acudieron el año pasado a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para plantear quejas o consultas, y el número de cuestiones tramitadas por este comisionado parlamentario se incrementó en un 37,5 por ciento con respecto al año anterior. Seis de cada diez peticiones de intervención estuvieron relacionadas con los fallos o lagunas del Estado del Bienestar, según recoge el informe anual de la institución.

Entre los asuntos más graves, Jesús Maeztu ha destacado los fallos de gestión que generan retrasos en la concesión de la Renta Mínima de Inserción y en el abono de las ayudas al alquiler. Estas dilaciones tienen "graves consecuencias" para la población más vulnerable. "La gente se sigue teniendo que ir a la calle por problemas de gestión y la renta no llega a tiempo", ha lamentado.

El abono de la Renta Mínima de Inserción acumula retrasos de hasta 8 meses. Maeztu asegura que falta personal para tramitar las ayudas y que las personas encargadas no tienen la formación necesaria para analizar toda la documentación requerida. La dilación es mayor en el caso de las ayudas al alquiler: puede superar el año. Lo peor se lo llevan en este caso los solicitantes de Sevilla y Málaga porque en estas provincias ni siquiera hay una lista de beneficiarios.

"La sociedad está empoderada"

El Defensor del Pueblo ha señalado que pese a que el impacto de la crisis económica continúa en Andalucía, en la actualidad la sociedad "ha reaccionado con movilizaciones dirigidas a la recuperación de los derechos".

"Ahora somos más conscientes de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación. Gracias a esta reacción, la sociedad está logrando la consolidación de muchos de ellos y que hoy se consideren, por todos, derechos indiscutibles", ha agregado.

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Dado que los andaluces "ya no toleran pasos atrás en los derechos conquistados", el Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un "decálogo de principios irrenunciables" como objetivos cuyo cumplimiento sería la "mejor satisfacción" para Maeztu.

Así, entre los principios se encuentra "una educación de calidad, inclusiva y que fomente la igualdad de oportunidades; una sanidad que permita vivir saludablemente, o renta básica, techo digno, y acceso a luz y agua garantizados".

Las propuestas también reclaman para el futuro "respuestas judiciales y administrativas sin dilaciones indebidas; la defensa de las personas mayores y de la infancia; la atención a las personas con discapacidad; la igualdad de hombre y mujer; la igualdad de las personas con independencia del lugar de nacimiento; el respeto a la sostenibilidad y al patrimonio, y la participación, la transparencia, la cercanía y la mediación de conflictos".