Condenada a prisión por agredir a la profesora de su hijo

Las Palmas de Gran Canaria

La Justicia ha condenado a una madre a cuatro meses de prisión y a veinte días de multa a razón de cuatro euros diarios, por un delito de atentado a la autoridad y agresiones leves a una docente durante la entrega de notas llevada a cabo el presente mes de marzo. 

El sindicato ANPE Canarias señala en un comunicado que la sentencia, dictada tras la celebración de un juicio rápido, considera probado que la progenitora de uno de los alumnos de la perjudicada y su pareja, acudieron a recibir los informes de evaluación, que reflejaba malos resultados. 

Aconsejada por su acompañante, la madre se negó a firmar el informe de evaluación del alumno. Posteriormente y tras girarse, la profesora recibió un arañazo que quedó ratificado por el informe clínico de urgencias, que certificó la lesión, un eritema facial y una contractura en las cervicales. 

"Tal y como narra el atestado, en dicho momento la pareja de la agresora trata de sumarse a la violencia contra la víctima, pero otro padre lo detiene", puntualiza el sindicato.

Para el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, la sentencia “supone la respuesta a una demanda histórica de nuestros servicios jurídicos: reconocer al profesorado como figura de autoridad y que se proteja a los docentes ante actitudes intimidatorias”.

Sobre este caso particular, Crespo valora que “se trata de una situación tensa (con problemas desde 2018) que desgraciadamente ha llegado hasta la agresión física, es una de tantas consultas y denuncias que nos llegan hasta el Defensor del Profesor y nuestros servicios jurídicos y es por ello tan relevante disponer de sentencias como ésta, que generan una barrera firme contra la violencia en las aulas”.

Cabe recordar que en el curso 2017/2018 se dieron 147 casos en los que se activó la figura del Defensor del Profesor. De las 147 alertas atendidas por este servicio del sindicato, 75 se produjeron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 72 en la de Las Palmas. Respecto a su distribución por los diferentes niveles de enseñanza, 12 casos fueron en Infantil, 49 en Primaria, 73 en Secundaria, 11 en Formación Profesional Básica, una en ciclos formativos y otra en el resto de enseñanzas.

Asimismo, valora que el Gobierno haya iniciado el borrador para una norma de atención al profesorado que refleje la atención psicológica y la defensa jurídica de estos casos. “Aunque hemos avanzado desde luego”, lamenta Crespo, “seguimos a día de hoy abordando con nuestros medios este tipo de situaciones que debería asumir la Consejería, si bien no podemos negar que se ha avanzado desde la promesa parlamentaria en 2017”.