Días de playa

No ha pasado ni una semana desde que conocíamos la ratificación de la sentencia de la Audiencia Provincial por parte del Tribunal Supremo, y ayer ingresaban en Tenerife II los principales condenados por el caso Las Teresitas. Manuel Parejo, Antonio Plasencia y Miguel Zerolo -este último con algo de suspense- han pasado su primera noche en la prisión tinerfeña. El ingreso de Ignacio González está pendiente de un reconocimiento médico.

La Audiencia ha tomado esta decisión, según el escrito remitido a los medios, “ante la gravedad de las condenas y de los hechos y la capacidad económica para sustraerse a la acción de la Justicia”.

Con Zerolo y parte de la élite empresarial de esta isla tras las rejas, se cierra una etapa marcada por el compadreo entre políticos y empresarios (con la ayuda también de funcionarios municipales), para, en definitiva, hacer negocio a cuenta del erario público.

La compraventa de los terrenos de Las Teresitas fue una operación que dejó un agujero considerable en las arcas municipales de Santa Cruz y que, todavía hoy, deja en muy mal lugar a entidades y protagonistas que no han sido condenados, pero cuya acción también fue necesaria para tejer este pelotazo. Solo hay que leer la sentencia del Supremo para darse cuenta del fango que cubría la ciudad.

Con el exalcalde nacionalista en la cárcel, con Plasencia en la cárcel, con Ignacio González camino también de ingresar en Tenerife II, va quedando menos espacio para una manera de hacer las cosas al margen de la ley que se realizaba con total impunidad. La cuenta de la fiesta la pagábamos todos, y no era precisamente una cuenta barata. Por eso, ahora es importante recuperar cada euro malversado, cada euro que no se invirtió en Santa Cruz de Tenerife y que fue a parar a los bolsillos de los empresarios y al de alguna otra persona más que se ha ido de rositas.

Hay que recordar que hablamos, si sumamos los intereses, de casi 100 millones de euros. Fíjense, cuando Zerolo -junto a Ignacio González hijo- declaraba en 2009 el Estado de Emergencia Social en Santa Cruz de Tenerife, la deuda del ayuntamiento ascendía a 97 millones. ¡Qué paradoja! El mismo que hipotecaba la ciudad, con el beneplácito de todo el consistorio, declaraba años después la emergencia social.

Un alcalde que antepone el negocio de unos pocos por encima del bienestar de la mayoría jamás será un buen alcalde.