Altos cargos de la Xunta se desvinculan de la indemnización al exgerente de la Fundación Cela
XOÁN REY (EFE)
Santiago de Compostela
Segunda jornada del juicio contra Marina Castaño, Dositeo Rodríguez, Covadonga Rodríguez y Tomás Cavanna, acusados de malversación de fondos públicos al concertar supuestamente el despido y la indemnización del exgerente de la entidad.
Como testigos declararon dos cargos de la Xunta que reconocieron que existía un plan de viabilidad, que implicaba hacer ajustes económicos, por ejemplo, en personal, pero que correspondía a la Fundación Cela decidir a quién se despedía y con qué cuantía.
El entonces secretario xeral de Cultura, hoy gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, y el secretario técnico de Educación, Jesús Oitavén se han desvinculado así de la indemnización concedida en 2010 al exgerente de la entidad por valor de 150.000 euros.
Insisten en que ellos no tuvieron nada que ver con el pago de ese dinero. Formalmente, añaden, era la fundación la que pagaba. Consideran además que la entidad no fue pública hasta 2012, aunque sí recibía subvenciones.
La defensa se muestra optimista, al entender que los dos cargos del gobierno gallego han tumbado los argumentos de la Fiscalía y la acusación particular. Aún así, la salida del exgerente fue aprobada por el patronato un mes antes de que la Xunta habilitase un addendo a los convenios habituales con la fundación. La partida se elevaba con ello hasta los 350.000 euros, poniendo sobre la mesa algo más de 200.000 para hacer frente al plan de viabilidad
