El Gobierno no asume el gasto de desplazamiento de la mitad de las trabajadoras del SAD

Santander

Malestar entre las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria con los nuevos contratos que han entrado en vigor este lunes para atender a personas que viven en sus domicilios en situación de dependencia.

Contratos que abarcan cuatro zonas de la comunidad, la mayor parte del ámbito rural. El Ejecutivo aumenta un 22 por ciento la cantidad destinada a estos cuatro contratos, hasta 17 millones de euros. Sin embargo, no soluciona una de las principales reivindicaciones de las trabajadoras: que les abonen el kilometraje de desplazamiento que realizan cada día. Sí se hará en el caso de recorridos de más de 40 kilómetros, pero, aseguran las trabajadoras, más del 50 por ciento de ellas no realizan esa distancia, por lo que tienen que afrontar ese gasto de su bolsillo.

Los nuevos contratos con las empresas que prestarán el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria durante los próximos tres años supondrán, según el Gobierno, "importantes mejoras" en la calidad de la asistencia y en las condiciones laborales de las trabajadoras.

Son cuatros los contratos que afectan al servicio de ayuda a domicilio para la zona de Bezana y Camargo; comarca del Besaya y Campoo; Piélagos y costa occidental; y Liébana.

En total, más de 17 millones de euros, un 22 por ciento más que los contratos firmados en abril.

Sin embargo, mientras el Ejecutivo defiende que los cambios son sustanciales, las trabajadoras del servicio recalcan que esas mejoras son "ínfimas". Lo son porque no hacen frente a los gastos por desplazamiento en menos de 40 kilómetros. Es una de las principales reclamaciones: que al menos se abonen esos gastos por traslado a partir de una distancia menor. 

Sí reconocen las trabajadoras que las medidas tomadas por el Gobierno en materia de prevención de riesgos laborales suponen un "avance". Sin embargo, otra de las reclamaciones que tampoco se cumplen es que se implanten los llamados códigos de color: es decir, que cuando acudan a un determinado domicilio, las empleadas no saben a qué se enfrentan previamente, qué patologías tiene la persona dependiente o si tiene alguna enfermedad contagiosa.

Finalmente, se incrementa el personal coordinador, que pasa de 2 a 3 para atender hasta 200 personas usuarias; se produce un incremento de un efectivo por cada 200 usuarios más y, además, se clarifica sus funciones.