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De Lara apura las instrucciones antes de que sea firme la sanción de perdida de destino

Para esta tarde, a las ocho, se ha convocado una manifestación en apoyo a Pilar de Lara en la plaza de Avilés

La jueza del uno de Lugo, Pilar de Lara, apura las instrucciones que lleva, de macrocausas como la Carioca, sobre redes de prostitución cuya pieza principal ya cerró antes de conocer la sanción del Consejo General del Poder Judicial, la Pokémon, sobre corrupción política, el Garañón, sobre urbanismo, o la Pulpo, relacionada con la diputación.

El abogado de la jueza en la acción disciplinaria abierta por el consejo, Agustín Azparren, ha acreditado que “ella esta realizando un esfuerzo superior al que habitualmente desarrolla para tratar, sí en su caso fuera firme la sanción, de acabar todo lo que pueda los procedimientos en marcha”.

El abogado no cree que haya habido “presiones”, ni que se anticipara la resolución del castigo, de siete meses y un día de empleo y sueldo y perdida de destino, para apartarla de estas macrocausas.

“La finalidad no debe de ser esa. Hay que confiar que los órganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial no buscan otra finalidad distinta, el buscar sí consideran una conducta disciplinaria imponer la sanción con independencia de lo que eso signifique con respecto a los procesos en marcha”, ha advertido.

Aunque la sanción aún no ha sido “oficialmente” notificada, supone que los “motivos” por las que se pretende penalizar a la magistrada “serán los mismos que hubo hasta ahora”, que iban en la línea de dilaciones indebidas sobre estas operaciones.

Sea como sea, Agustín Azparren interpreta que “no hay falta de desatención”. “La conducta que todo el mundo conoce y que la propia inspección del CGPJ ha valorado de Pilar de Lara, desde hace años, es totalmente contraria al concepto de desatención, desidia o dejadez”, subraya finalmente.

Desde que se reciba la comunicación de la sanción dispondrán de un mes para presentar recurso ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, un recurso que podría sustanciarse en el plazo de “entre un mes y tres meses”.

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