Sobre los alquileres
Santa Cruz de Tenerife
El mayor fondo inversor en vivienda de España, la multinacional inmobiliaria Blackstone, conocida por sus prácticas monopolísticas y abusivas –ha sido denunciada en Naciones Unidas por ellas- ya advirtió hace unas semanas que las modificaciones legales del alquiler, refrendadas por la Diputación Permanente del Parlamento, supondrán que los precios se subirán para adaptarse al decreto aprobado el miércoles, y que eso perjudicará principalmente a los arrendamientos más baratos, los que se sitúan por debajo de los 600 euros.
Lo cierto es que los grandes fondos y las empresas propietarias controlan apenas una de cada veinte viviendas en régimen de alquiler, pero el decreto aprobado por el Gobierno parece hecho para ellas, estableciendo diferencias en las condiciones que deben cumplir los fondos o empresas y los particulares que alquilan viviendas. En teoría se pretende contribuir a reducir las grandes concentraciones de viviendas de alquiler en manos de fondos y empresas o –al menos- obligar a que la actividad les resulte menos lucrativa que a los pequeños propietarios. Entre las medidas están la de subir de cinco a siete años la prórroga obligatoria, si el arrendador es una empresa, o que los gastos de gestión y formalización los abone el arrendador si es una empresa. La cuestión, es que esas diferencias provocarán que fondos y empresas eleven los precios y exijan más garantías a sus futuros inquilinos.
Quizá debería haberse legislado para facilitar el alquiler, no para complicarlo… para sacar al mercado vivienda no ocupada, no para incentivar que siga vacía. Esa es la clave. Sólo en Canarias, donde hacen falta 40.000 viviendas, hay más de 130.000 vacías e improductivas, que sus propietarios –desde empresas a familias- prefieren no alquilar, para evitarse problemas.
