El Tribunal Supremo ratifica la anulación de la autorización ambiental de la mina de Riotinto
La empresa Atalaya Mining llama a la tranquilidad de los trabajadores mientras los servicios jurídicos de la Junta analizan el auto
Mina de Riotinto / riotinto.atalayamining.com
Huelva
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la resolución de la Junta de Andalucía otorgando la Autorización Ambiental Unificada para la reapertura dee la mina de Riotinto. El Alto Tribunal ha desestimado los recusos de casación interpuestos por Atalaya Riotinto Minera y la Junta de Andalucía presentados contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado mes de septiembre. La empresa considera que la Autorización Ambiental sigue siendo válida y que en ningún caso se pone en tela de juicio la gestión de la mina.
El TSJA estimó el pasado mes de septiembre que se habían vulnerado las obligaciones de información y los derechos de participación ciudadana que obligan a establecer un periodo de información pública después de emitir el informe de compatibilidad ambiental, tras una denuncia de los ecologistas. Ahora el Supremo ratifica que esa decisión es correcta y se anula la resolución de la Autorización Ambiental otorgada a Atalaya Riotinto.
Ecologistas en Acción pide por ello el cese de la actividad minera. Durante toda la tramitación y desde su puesta en marcha en 2015, esta organización ha puesto en duda que el Proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas de lodos durante los diez años de vida útil autorizados.
Justo ayer el consejero delegado de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, insistía en que el fallo judicial que anula la resolución de la Junta de Andalucía no invalida la Autorización Ambiental Unificada y que ésta sigue vigente. Se trata de una información que, según Lavandeira, se puede solucionar con facilidad, y en eso está trabajando la empresa con la Junta de Andalucía.
Atalaya ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus más de 400 empleados directos y 650 trabajadores de contratas que trabajan diariamente en sus instalaciones, sus socios, contratistas y ciudadanía en general, confiando en que pueda subsanar este defecto administrativo sin que afecte a la buena marcha de las operaciones.
La Junta de Andalucía ha indicado al respecto que los servicios jurídicos están estudiando ahora este último fallo del Supremo.
Santiago González Sarrión
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