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Seprona

El Seprona destapa el contrabando de un gas destructor de la capa de ozono

La empresa objeto de investigación, radicada en Valencia, se dedicaba a la comercialización y distribución de gases refrigerantes y a la gestión irregular de los mismos

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han destapado la actividad ilícita de una empresa que se dedicaba al contrabando de gases refrigerantes prohibidos por su efecto perjudicial sobre la capa de ozono / Guardia Civil (EFE)

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han destapado la actividad ilícita de una empresa que se dedicaba al contrabando de gases refrigerantes prohibidos por su efecto perjudicial sobre la capa de ozono

Valencia

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han destapado la actividad ilícita de una empresa que se dedicaba al contrabando de gases refrigerantes prohibidos por su efecto perjudicial sobre la capa de ozono.

En la operación, que se inició a finales de 2017, se ha descubierto la exportación ilegal a Panamá de unas 10 toneladas de gas HCFC-22 (R-22) procedente de su gestión como residuo peligroso, cuya comercialización habría supuesto un beneficio económico de medio millón a un millón de euros y la emisión de casi 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Según fuentes de la Guardia Civil, la empresa objeto de investigación, radicada en Valencia, se dedicaba a la comercialización y distribución de gases refrigerantes y a la gestión irregular de aquellos que debían ser destinados directamente a su eliminación a través de un gestor autorizado.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de las comunicaciones recibidas de la Subdirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), que alertaban de una presunta exportación de gas refrigerante R-22 regenerado irregularmente, con destino a Panamá.

En las investigaciones, en las que han colaborado el Ministerio para la Transición Ecológica y la Generalitat Valenciana, se descubrió que dicha empresa había eludido su deber de informar a la Comisión Europea acerca de las exportaciones efectuadas, así como del almacenamiento de gases y la destrucción o eliminación de los sujetos a prohibición, que, por el contrario, fueron reenvasados y exportados como regenerados sin el oportuno registro documental.

La operación, coordinada a nivel internacional por Europol, se ha saldado con la imputación de diez personas vinculadas con este contrabando ilegal de sustancias que agotan la capa de ozono.

Desde el año 2010, están prohibidos el uso y la introducción en el mercado de Sustancias que Agotan el Ozono (SAO) y en enero de 2015 quedaron prohibidos en el territorio de la Unión Europea los HCFCs en cualquiera de sus estados (puro, reciclado o regenerado).

Estas sustancias no sólo son SAO, sino que además llevan asociado un Potencial de Calentamiento Global (GWP o PCA), un parámetro que representa el calentamiento climático del gas de efecto invernadero respecto al del dióxido de carbono (CO2).

En el caso del R-22, la liberación de un kilogramo de este gas equivale en términos de calentamiento atmosférico a la emisión de 1.700 kilogramos de CO2, por lo que las casi 10 toneladas de R-22 objeto de contrabando suponen casi 17.000 toneladas de CO2 en Potencial de Calentamiento Global.

La capa de ozono protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta, por lo que su disminución está directamente relacionada, según los expertos, con el aumento de los problemas graves en la piel, en la vista o en el sistema inmunitario, además de afectar a la calidad del agua y a la fertilidad de la tierra.

 
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