La Comisión Española de Ayuda al Refugiado frente a las próximas elecciones

Algeciras

José Carlos Cabrera es el responsable de comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y  presenta a Eva Pajares, Subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, el documento marco de propuestas para la mejora de la protección de las personas refugiadas en España.

El contexto actual de incremento de solicitudes de protección internacional presenta numerosos retos que deben ser abordados desde los diversos niveles de la administración. Las autoridades autonómicas y municipales tienen un papel fundamental en el acceso a los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas trabajando desde el nivel más cercano promoviendo la convivencia y la cohesión social.

Las siguientes propuestas están dirigidas a los partidos políticos para que incorporen la mejora de la protección internacional y el respeto de los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas como una prioridad en la agenda en los programas electorales y la agenda política autonómica y local.

1. Facilitar el empadronamiento en los supuestos en los que las personas aún no han logrado formalizar su solicitud de protección internacional o en los casos en los que la misma haya sido denegada. Los requisitos para el empadronamiento deben ser homogenizados en todos los municipios.

2. Fomentar el uso de la tarjeta de vecindad, que ha sido identificada como buena práctica en los municipios en los que está siendo implementada. Se trata de un documento que pueden solicitar los vecinos y vecinas en situación administrativa irregular con el objetivo de acreditar su arraigo en la ciudad en el marco de procedimientos de internamiento y/o expulsión u otros procedimientos.

3. Impulsar servicios de información específicos para personas migrantes y refugiadas recién llegadas a los municipios y comunidades autónomas y poner en marcha programas formativos dirigidos a profesionales de atención al público en oficinas autonómicas y locales, especialmente en cuanto al empadronamiento, tarjeta de solicitante de protección internacional y derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas asociados al uso de servicios municipales y autonómicos (centros escolares, sanitarios, de servicios sociales y otros).

4. Impulsar espacios de coordinación entre las administraciones públicas locales y autonómicas y las organizaciones especializadas con personas solicitantes de protección internacional y refugiadas para el trabajo en red que requiere la atención a estas personas desde un enfoque de autonomía tras la participación en el Programa de Acogida e Inclusión Estatal.

5. Facilitación de espacios de acogida para personas solicitantes de protección internacional, refugiadas o migrantes en situación de vulnerabilidad especialmente en casos de emergencia humanitaria en que la necesidad de acogida de personas de personas excede la logística existente para este fin.

6. Eliminar las dificultades de acceso al sistema público sanitario para las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas independientemente de su situación administrativa. Entre otras cuestiones, mejorando los protocolos de información en los centros de salud sobre sus derechos sanitarios mediante formación y elaboración de circulares informativas, identificando y registrando de casos de discriminación, garantizando los servicios de traducción a los profesionales sanitarios y personal y recursos específicos en salud mental. También es importante garantizar el acceso a solicitantes de asilo con diversidad funcional ya que en algunos casos encuentran obstáculos en el acceso a determinados servicios. Es también fundamental facilitar el acceso de personas que están indocumentadas, ya sea porque aún no tienen la tarjeta de solicitante de protección internacional o porque les ha sido denegadas de la protección.

7. Elaborar políticas e implementar medidas que faciliten el acceso a la vivienda de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas una vez abandonan los dispositivos de acogida. Entre otras medidas debe contemplarse la ampliación del parque de vivienda social, la puesta en marcha de incentivos dirigidos a las personas propietarias de una vivienda o los seguros públicos de impago de alquiler.

8. Eliminar barreras administrativas que retrasan la escolarización y garantizar el acceso a las plazas de enseñanza pública. También es importante fomentar la participación de las autoridades autonómicas y locales en los planes de acceso a la educación de personas solicitantes de protección internacional y refugiadas.

9. Adaptar aulas de enlace a nivel lingüístico para responder adecuadamente a la llegada de alumnos de origen diverso durante el curso escolar e incluir en currículo escolar y formación de profesorado, contenidos relacionados con migraciones y asilo como elemento clave en diferentes áreas de conocimiento.

10. Asegurar que los servicios de protección de menores dependientes de las comunidades autónomas faciliten el acceso al procedimiento de asilo de las niñas y niños no acompañados. Debe asegurarse la derivación a entidades especializadas en materia de asilo y la formación en continua de todos los agentes involucrados en el sistema de protección de menores, garantizando así el interés superior del menor.

11. Asegurar la coordinación de las entidades públicas de protección de niños y niñas de las Comunidades Autónomas con fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y las secciones de menores de las fiscalías provinciales estableciendo que toda la información disponible sobre la filiación de estos menores y los indicadores de riesgos que se hubieran detectado sea compartida entre los actores involucrados.

12. Mejorar la detección de las víctimas de trata de seres humanos mediante una mayor implicación de todos los agentes y autoridades públicas a nivel municipal y autonómico. Es necesario abordar cualquier acción en materia de trata de personas partiendo de un enfoque de derechos humanos, centrado en la víctima y que respecte las especificidades de género.

13. Mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia machista desde un enfoque de no re victimización con independencia de donde se ha producido el ejercicio de la violencia: país de origen, tránsito o destino.

14. Incluir en los programas de protección social y específicamente en la Renta Mínima de Inserción, a las personas solicitantes de protección internacional.

15. Facilitar y garantizar el acceso de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas a la valoración, a los servicios y a las prestaciones establecidos para las personas dependientes.

16. Impulsar políticas de convivencia y lucha contra la discriminación a nivel autonómico y municipal, desde un enfoque comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía, que incluyan una estrategia de lucha contra discursos xenófobos y racistas, noticias falsas y bulos en medios y plataformas online.