Sociedad

Los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos de Lorca irán a los tribunales

La Consejería de Fomento ha pedido que se deje trabajar a los técnicos y resolver los problemas "caso a caso"

CARM

Murcia

La relación entre la Consejería de Fomento y los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos de Lorca en 2011 ha vivido un nuevo capítulo de sus desencuentros tras la reunión mantenida en la tarde del jueves.

El trámite de audiencia que recibieron buena parte de estos vecinos en 2015 es ahora el objeto de polémica entre ambas partes, puesto que según los criterios de la Consejería con ese trámite quedaría invalidado la aplicación de la prescripción a los expedientes abiertos a estos afectados.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, ha pedido dejar trabajar a los servicios jurídicos y técnicos "para que puedan resolver caso a caso la situación de los vecinos de Lorca" que se beneficiaron de ayudas públicas para la reparación de sus viviendas tras los terremotos de 2011.

Valverde ha destacado que se trata de una cuestión "estrictamente legal" y ha solicitado "a los políticos que se mantengan al margen de la situación del expediente, que se tiene que resolver directamente con los técnicos", tras mantener un encuentro el consejero y el alcalde Lorca, Fulgencio Gil, acompañados por sus equipos jurídicos, con la concejal de IU y portavoz de los algunos de los afectados por los terremotos de Lorca, Gloria Martín.

Gloria Martín ha lamentado que los asesores jurídicos de la Consejería se nieguen a interpretar las normas "según el criterio más favorable a los administrados, lo que constituye un principio del Derecho". Ha anunciado que este viernes exigirá al alcalde de Lorca que cumpla su compromiso de que el Ayuntamiento, mediante un convenio con el Colegio de Abogados de Lroca, se haga cargo de la representación legal de los afectados para defender sus derechos en los tribunales.

Según la concejala, "si un juez nos da la razón exigiremos que la sentencia se aplique al resto de casos. Si no lo hace, la Administración regional estará prevaricando porque no puede dictar una resolución arbitraria en un asunto a sabiendas de que es injusta y contraria la ley". En ese caso, adelanta que lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía.

La Comunidad Autónoma ha gestionado la tramitación de los 16.100 expedientes de ayudas presentados por los afectados por los terremotos y se han concedido un total de 80,5 millones en ayudas públicas y aprobó una nueva Ley para facilitar a los vecinos la justificación de las ayudas. "Solo cumplimos la Ley que nos obliga a todos a justificar el dinero público", ha señalado el consejero, quien ha recordado que las ayudas concedidas a los vecinos proceden el 50 por ciento del Gobierno de España y el otro 50 por ciento de la Comunidad.

De esos 16.100 expedientes, "hay situaciones excluidas de la Ley, como por ejemplo quienes hayan recibido más ayuda por parte de la Comunidad y del Consorcio de Seguros", según el consejero de Fomento, que explicaba que éste es el caso de los 35 beneficiarios representados por Martín y que, por tanto, "tienen que reintegrar el dinero de más".

 
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