Álvaro García Ortiz: "Solo el 3 o 4% de los incendios tienen intención de hacer mal"
Aida Pena y Álvaro García Ortiz en el estudio de Radio Galicia / Cadena Ser
Santiago de Compostela
A partir de las estadísticas que maneja, la fiscalía concluye que en nuestro entorno la intencionalidad de los incendios está entre un 70 y un 80%, aunque dentro de la intencionalidad hay que distinguir entre la dolosa, la que persigue hacer el mal, y aquellas intencionalidades que pretenden quemar, pero cuyas consecuencias van más allá de esa acción.
ENTREVISTA FISCAL DE MEDIO AMBIENTE
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El fiscal delegado de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, en una entrevista en la Cadena Ser, explica que de las investigaciones realizadas por la fiscalía se puede determinar que “solo el 3 o 4% de los incendios tienen intención de hacer mal, son acciones dolosas”.
“Desde el punto de vista penal, la responsabilidad no es la misma”, añade el fiscal, que la de aquel que plantando fuego “intencionadamente” lo hace utilizando el fuego como un recurso o como un instrumento”, aunque las consecuencias de las llamas “vayan más allá”.
García Ortiz cree que existe cada vez una mayor concienciación contra los incendios. En ese sentido considera que la ola de fuegos de 2017, “cuando las llamas se acercaron a las áreas urbanas” contribuyó a esa concienciación. Recuerda además que la elaboración de planes antiincendios es una obligación legal de los ayuntamientos. Tal y como les ha recordado recientemente la fiscalía, “la inacción puede tener consecuencias penales”, afirma el fiscal delegado de Medio Ambiente.
La complicada gestión de los residuos
Álvaro García Ortiz reconoce que la gestión de los residuos que generamos es complicada porque se trata de una materia compleja y recuerda que hay que depositarlos “acondicionando los espacios con arreglo a la ley”.
En el caso del vertedero de Miramontes, investigado por la fiscalía, explica que se trata de un espacio sensible porque está “a 4 kilómetros de la catedral” y los malos olores agreden a los vecinos. La fiscalía considera que la actividad que se desarrolla en Miramontes “podría tener contenido penal”.
En cuanto a la mina de Touro, relata que son “multitud de actividades” las que allí se desarrollan, algunas de ellas “potencialmente contaminantes”, por lo que están siendo investigadas. Sobre la futura ampliación para explotación minera, afirma que “eso no está todavía sobre la mesa de la fiscalía”.
García Ortiz es además el fiscal en el caso que ha sentado en el banquillo a Marina Castaño y a otras tres personas, acusadas de malversación de fondos públicos por la indemnización que la Fundación Cela pagó al exgerente de la entidad. En su opinión, durante la vista oral se plasmaron dos tesis de los mismos hechos que no se alejan tanto la una de la otra aunque pueden tener una interpretación diferente.
Además, el fiscal delegado de Medio Ambiente celebra que funcione la inspección en el ámbito de la justicia como demuestran tanto la sanción a la jueza Pilar de Lara como la investigación al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, por abuso de poder. “No hay nadie intocable, por encima de la ley no hay nada”, defiende, lo que es una máxima del estado de derecho.
Para concluir, y como miembro de la Unión Progresista de Fiscales, se posiciona a favor de un gobierno de progreso ante el 28A “como dice el nombre de nuestra asociación”. García Ortiz defiende una opción que aborde definitivamente las reformas que la justicia española necesita.
