Aplazado el segundo juicio por el caso Blasco hasta el 6 de mayo

Valencia

La sesión de cuestiones previas ha dado para despejar las dos dudas con que comenzaba este juicio por el desvío de cuatro millones y medio de euros destinados a cooperación. Piezas 2 y 3 del Caso Blasco. 180.000 euros para un hospital que nunca se construyó tras el terremoto de Haití de 2010. El resto todas las subvenciones de la conselleria de cooperación entre 2009 y 2011 con entidades supuestamente dedicadas a la cooperación internacional.

Las dos dudas eran, primero, si la vista se celebraría esta semana. Fue trasladada a esta semana, estaba previsto un calendario más largo para el próximo mes de mayo, porque una defensa tiene otro juicio con jurado que coincide en fechas. Pero el fiscal anticorrupción Jesús Carrasco, que se hace cargo del asunto desde hace semanas después de que Vicente Torres se haya convertido en magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, afirmaba que con el nuevo calendario no tenía tiempo para prepararse y que además el nuevo calendario era irreal, con plazos demasiado justos que obligaba a hacer un trabajo "de negros", es textual.

La segunda duda tiene que ver con el acuerdo del que presumían algunas de las defensas, incluida la de Rafael Blasco. Un acuerdo que, aseguraban en un tono bastante agrio hacia el fiscal Jesús Carrasco, este se ha saltado de forma unilateral poniendo en un brete a la fiscalía y cargándose la línea de defensa durante años: un pacto que contemplara la devolución de lo malversado por parte de los acusados. Los principales pagarían más y de forma gradual el resto harían frente a su parte.

Pero Carrasco ha negado haber roto nada. Simplemente no estaba cerrado el pacto y además, acusaba a las defensas de faltar a la verdad e incluso de haber incumplido condiciones previas a ese supuesto pacto. Dejaba la puerta abierta a un acuerdo pero con un cumplimiento estricto de la legalidad.

La abogacía de la Generalitat también negaba el pacto pero se mostraba abierta a cerrar uno siempre que se asegure el retorno del dinero presuntamente malversado.

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Sin embargo, la acusación popular (la Coordinadora Valenciana de Ong's), negaba pacto alguno. Nadie se ha puesto en contacto con ellos para cerrar ningún pacto y dado que más allá del dinero, no se oponen a que los acusados devuelvan lo malversado, hay responsabilidades penales que deben también sustanciarse.

Con todo eso sobre la mesa, el presidente de la sala, José Antonio Mora, decidía suspender la sesión y trasladar todo el juicio al mes de mayo con dos sesiones de cuestiones previas, los días 6 y 13, y con el comienzo de las declaraciones el día 20 si no hay más cambios.

Recordamos que para los acusados se piden penas que van de los dos a los 22 años de prisión además de multas millonarias por asociación ilícita, pertenencia a grupo criminal, malversación, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y encubrimiento.