Para Jorge Rodríguez no es casual el momento elegido por el juez para levantar el secreto de sumario

Valencia

A la espera de conocer los detalles del sumario, Jorge Rodríguez, ha hablado con la SER... molesto por los tiempos, y según afirma, "sin plan B", si finalmente el partido decide apartarle cuando se conozca el sumario.

Rodríguez destaca las "casualidades" que han salpicado la operación Alquería, con actuaciones policiales siempre en momentos políticamente clave.

En clave política confía en que el sumario no afecte a su candidatura a la alcaldía de Ontinyent. Y si finalmente así fuera afirma que, en principio, no tiene más "Plan B" que vivir féliz.

Comunicado de Rodríguez tras conocer el sumario

El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez pedirá declarar voluntariamente ante el juez del caso Alquería tan pronto como sea posible para aclarar, "punto por punto", un asunto que a su juicio "no tiene ningún recorrido penal".

En un comunicado remitido a los medios desde el PSPV-PSOE de Ontinyent, localidad de la que es alcalde y donde aspira a la reelección el próximo 26 de mayo, Rodríguez ha anunciado que pedirá al juez instructor el archivo de la causa donde figura como investigado (antes imputado) al estimar que, "en el peor de los casos, se trata de un asunto meramente administrativo".

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En su comunicado, el candidato socialista a la reelección como alcalde señala: "Toda la causa gira en torno a los nombramientos de siete altos cargos, cuya legalidad no sólo viene avalada por varios de los informes emitidos, sino que, además, la doctrina jurídica y la jurisprudencia los respalda totalmente".

"Otra cuestión es que haya opiniones jurídicas contrapuestas. Desde luego esto nunca puede ser materia que deba tratar el juzgado de lo penal", añade.

Según Rodríguez, todos los altos cargos tenían unas funciones determinadas, desempeñaron sus tareas y cumplieron con sus obligaciones, como queda de manifiesto en los archivos de la Diputación y Divalterra, por lo que en su opinión "es una absoluta falsedad que estos altos cargos no trabajaran".

Remarca que "no se sostiene" la acusación de prevaricación " y, mucho menos, la de malversación de fondos", a lo que añade: "La conclusión a la que llego es que la actuación policial fue absolutamente desproporcionada. Resulta difícil entender que se haya generado una alarma social como la que provocó el operativo policial el pasado 27 de junio y que tuviéramos que pasar una noche en el calabozo tras las acusaciones que hemos comprobado en el sumario".

"Es difícil de asumir que se decretara el secreto de sumario, que se produjera un nuevo registro el día antes de mi proclamación como candidato y que se me comunique el sumario el día antes de la presentación en los juzgados de las listas municipales", critica.

Sobre la posibilidad apuntada en la denuncia de un supuesto gobierno paralelo para dirigir Divalterra, defiende que "en realidad el consejo de administración, donde están representados todos los partidos, fue siempre el máximo órgano de decisión de la empresa".

"Todo ello no menoscaba que se hicieran reuniones previas a las que acudían consejeros del equipo de gobierno de la Diputación, formado por cuatro partidos, para consensuar la postura del equipo de gobierno", explica.

También argumenta que cuando el PSPV llegó a la presidencia de la Diputación se encontró con un informe de la Intervención General del Estado donde se destacaba que había 670 personas contratadas en Imelsa (la antigua Divalterra) sin proceso de selección alguno.