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Investigación judicial

Archivada la causa contra Ángel Fernández por las contrataciones en la estiba

La jueza opta por archivarla ante la inexistencia de nuevas investigaciones

Estiba de Algeciras. / Cedida

La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, Belén Barranco, ha decretado el archivo de la causa abierta contra Ángel Fernández Cortes, hijo del edil del PP en el Ayuntamiento, Luis Ángel Fernández; así como varios colaboradores del imputado que, presuntamente, ofrecían la colocación laboral en el sector de la estiba del puerto a cambio de cuantiosas cantidades económicas.

La Instrucción ha rebasado el plazo máximo legal, sin que Fiscalía hubiera pedido prórroga, por lo que la jueza opta por archivar ante la inexistencia de nuevos investigaciones. También queda descartada cualquier actuación contra el edil y el resto de imputados, que en un primer momento habían sido citados a declarar para el próximo día 28 de mayo. La jueza sólo mantiene las actuaciones contra el estibador y su hijo que fueron detenidos e ingresados en prisión por supuestamente recibir, al menos, 200.000 euros de candidatos a los que prometieron unos puestos de trabajo que nunca llegaron.

El teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Algeciras, Luis Ángel Fernández, estaba citado a declarar como investigado para el próximo 28 de mayo, tras haber sido retrasada la cita prevista en principio, para el 4 de abril.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras archiva la causa abierta por lo que se anulan también, las declaraciones de otras diez personas imputadas después de que la Policía detuviese al hijo de Fernández por su presunta implicación en la trama fraudulenta de venta de puestos de trabajo en la estiba del Puerto de Algeciras, el pasado mes de diciembre, decretando su ingreso en prisión.

Desde 2017, la policía viene investigando la existencia de una red que había venido ofreciendo a más de un centenar de personas la posibilidad de lograr puestos de trabajo como estibadores por un coste de entre 15.000 y los 30.000 euros. Ahora, la investigación sólo mantiene la imputación de los dos estibadores que también ingresaron en prisión y que ermanecen en libertad, desde hace semanas.

 
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