Valencia cierra mandato menos endeudada pero pendiente de ejecutar inversiones

Valencia

Los valencianos y las valencianas decidirán en unas semanas quién o quienes gestionan la ciudad en los próximos cuatro años. Toca hacer balance y preguntarse en qué estado quedan las arcas municipales antes de los comicios del 26 de mayo y ante la llegada de una corporación, a juzgar por las candidaturas de los diferentes partidos, renovada en su gran mayoría. Este viernes arranca una campaña que se prevé apasionante pero, precisamente, del estado de las cuentas públicas dependerá que se lleven a cabo muchas de las propuestas y promesas que los y las alcaldables vayan lanzando.

El Ayuntamiento de Valencia terminará la legislatura con una deuda de alrededor de 400 millones de euros. Además, se lo avanza la SER, el consistorio cerrará este año, por debajo de las previsiones iniciales, en torno a los 372 millones, por lo que la cuenta negativa de las arcas municipales se ha reducido a prácticamente la mitad en los últimos cuatro años.

La legislatura empezó en mayo de 2015 con el consistorio intervenido por el Ministerio de Hacienda en un Plan de Ajuste tres años antes, cuando se contabilizaba una deuda de más de mil millones. Un plan del que ya se ha salido. Al cierre del primer año con el Gobierno de la Nau en el poder la deuda ascendía a 721 millones.

El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, asegura que acudir a los bancos a pedir dinero es lícito siempre y cuando ese débito esté controlado, se dedique a inversiones y la deuda contraída no se acumule con contratistas, como ocurrió en la anterior etapa con los populares al mando. Todo lo que se pagaba en intereses, explica Vilar, ahora se puede destinar a otras partidas.

Respecto al periodo medio de pago a proveedores, lo que tarda en cobrar una factura quién presta un servicio al Ayuntamiento, se sitúa en 3'3 días respecto a los 48 que se contabilizaban en 2015. Eso sí, este valor no se cuenta a partir de la fecha en la que se presta el servicio porque los primero 30 días se utilizan para tramitar y fiscalizar esa inversión.

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El edil de Hacienda sostiene que la presión fiscal está por debajo de la media de capitales de provincia de toda España. De los más de 700.000 recibos que gestiona su delegación para el cobro de impuestos solo se han subido 4.000, los correspondientes a grandes compañías y a rentas altas. Por ejemplo a través del IBI de edificios de elevado valor catastral, que han sumado 10 millones de euros más al erario público.

Los presupuestos han ido aumentando año tras año. 2019 se corona con la cifra más alta de la historia del Ayuntamiento de Valencia con 850 millones presupuestados sin contar las partidas para organismos autónomos. Para la próxima legislatura, si siguen en el Gobierno, un propósito de enmienda: reformar los servicios de contratación para agilizar los trámites y que se puedan aumentar las inversiones. Pero Vilar matiza: no es lo mismo tener un presupuesto para inversiones de 184 millones y medio de euros y ejecutar el 48 por ciento, como ocurrió en 2018, que ejecutar el 60 por ciento de un total de 60 millones, como hicieron los populares en 2013.

La oposición no ve las cuentas claras

Una oportunidad perdida según el portavoz del Grupo Popular, Eusebio Monzó, que lamenta que apenas se haya ejecutado la mitad de lo presupuestado en inversiones mientas se sube la presión fiscal a las empresas que no encuentran atractivos para invertir en la ciudad. Monzó pone el foco en que se ha reducido la deuda porque se han dejado de invertir más de 200 millones de euros en los últimos tres años.

Tampoco convencen las explicaciones del edil de Hacienda, Ramón Vilar, al portavoz y candidato a la alcaldía de Ciudadanos, Fernando Giner, que asegura que hasta en 13 delegaciones municipales no se ha invertido nada en el último año. Entre ellas, juventud, vivienda y empleo. Ahora, con la campaña electoral a punto de arrancar, dice Giner, el Gobierno de la Nau no puede comprometerse a hacer lo que no ha hecho en cuatro años.