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Adelante con el nuevo Plan de Vivienda

El Gobierno de Navarra prevé un gasto de 350 millones de euros hasta 2022 y con el horizonte de 2028 el objetivo principal es disponer de un parque de 10.000 viviendas protegida asequibles en arrendamiento

pixabay

Pamplona

El Gobierno de Navarra ha aprobado el nuevo Plan de Vivienda para 2018-2028 una vez finalizado el periodo de información pública, para el que ha previsto un gasto de 350 millones de euros hasta 2022.

El plan, según el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, tiene como prioridades la emancipación de la juventud, disponer de vivienda suficiente y asequible, y rehabilitar el parque residencial primando accesibilidad y eficiencia energética.

Entre 2019 y 2022 el Ejecutivo prevé un gasto por habitante de más de 130 euros anuales, cuando de media en España está entre 10-12 euros, y así llegar a 4.500 jóvenes y 3.500 familias con las ayudas al alquiler y a otras 560 familias a través del Fondo Foral, la Bolsa de Alquiler y las Viviendas de Alquiler de Integración Social.

Otros objetivos que se marca con es ta inversión es la promoción de 755 viviendas en alquiler social, 1.000 en venta y 140 con fórmulas como las cooperativas de cesión en uso o transformación de bajeras en viviendas, en total 1.995 viviendas protegidas.

En el ámbito de la rehabilitación persigue llegar a las 22.300 viviendas con apoyo público en cuatro años, dar accesibilidad universal a 10.000 y favorecer la envolvente térmica en 5.020.

Laparra ha destacado que con el horizonte de 2028 el objetivo principal es disponer de un parque de 10.000 viviendas protegida asequibles en arrendamiento, reducir "sustancialmente" el coste del alquiler joven, conseguir que un 75% del parque residencial total sea accesible e incrementar paulatinamente el dinero destinado a la política de vivienda.

La principal novedad del plan es la aspiración de hacer el acceso a la vivienda un derecho subjetivo cuyo cumplimiento pueda ser reclamado por cualquier ciudadano.

Un derecho que se divide en dos líneas básicas: la dirigida a la emancipación de las personas de hasta 30 años y otra a las familias con bajos ingresos. En caso de falta de vivienda que conceder o adjudicar se prevé por ello la concesión de una prestación económica en forma de desgravación fiscal.

El plan además no descarta la intervención de la administración en el mercado del alquiler cuando éste por sí solo no permita o no facilite el acceso a una vivienda digna a una parte importante de la población.

Otro línea de actuación novedosa que recoge, atendiendo a la función social que debe cumplir la vivienda, es la de destacar y concienciar sobre las obligaciones que conlleva ser titular de una vivienda tanto en mantenimiento como en accesibilidad, eficiencia energética y ocupación.

Por último en el plan se apuesta también por la innovación en materia de vivienda, bien a través de diferentes formas de acceso (cesión de uso o housing first), de pago (bancos de tiempo o microcréditos), de técnicas constructivas (BIM-LEAN) o de sistemas de información (registros) o financiación "apoyo a la rehabilitación de carácter público).

Y en este sentido señala también la necesidad de facilitar e implementar políticas de digitalización e industrialización en el sector con el propósito de reducir costes de construcción y ofrecer a la ciudadanía viviendas de calidad a menores precios.

 

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